DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

El pasado 9 de agosto una noticia me dejó perplejo, el ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas habilitó una partida presupuestaria para conceder un plus de productividad a los trabajadores y funcionarios municipales que no falten al trabajo o que realicen, al menos, el 90% de su jornada laboral. Esto no es sino gratificar, más allá de lo estipulado, por cumplir el contrato de trabajo; ¿por qué? No acierto a comprenderlo; la única explicación que se me ocurre es la que disparando con pólvora ajena, el dinero público de todos los contribuyentes, me hago el magnánimo y me procuro un caladero de votos favorables para próximas legislaturas. Hasta aquí vamos mal, pero empeoramos la opinión cuando leemos que la propuesta es del alcalde del Bloque Nacionalista Galego, apoyada con el voto de los concejales del PSOE y con la abstención de Izquierda Unida –todos ellos forman el equipo de gobierno-; el Partido Popular se opuso a la medida –y mira que me molesta coincidir en algo con este partido- y el otro grupo municipal Alternativa Ciudadana se ausentó de la votación para así facilitar, sin mancharse, que la incomprensible medida saliese adelante.

Esta medida supone una patada en zona delicada a quienes defendemos que lo público se debe y se puede gestionar tan bien, o mejor, que lo privado. La única diferencia que debería haber es la de quien es el propietario de lo gestionado, una o varias personas particulares o un colectivo público. Por lo demás, no debiera de haber diferencia alguna y si no es así, es porque la gestión no es la correcta, los controles no se ejercen y la exigencia de responsabilidades brilla por su ausencia. Pero, desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados a ver como la gestión de lo público no es correcta, es lenta, carece de controles rigurosos y da lugar a escándalos que solo benefician a quienes defienden la gestión privada con el único argumento de que es que lo público no funciona.

Sí me parece evidente, insisto, en que la buena gestión no es patrimonio ni de lo público ni de lo privado, no hay razón alguna para ello pero, además, me parece más evidente que cuando la gestión pasa de lo público a lo privado, lo único que se transfiere, en el fondo, es que unos pocos, los privados, acumulen un beneficio en su favor a costa de deshacer y destrozar lo público. Hay demasiados casos, y muy recientes, en los que lo privado solo se ha interesado por lo público a la hora de pedir el rescate y la salvación de sus negocios, para eso sí debe existir lo público, pero para el control de sus desmanes, que lo público se aleje y no interfiera.

Los controles, las exigencias de responsabilidades, los cumplimientos de objetivos y la responsabilidad de la gestión, ¿por qué son patrimonio del ámbito de la economía privada? ¿Acaso no son objetivos que debiera hacer de igual manera la gestión pública? Y si no lo hiciesen así, que se les demande y que cada palo aguante su vela.

Y pasando del día 9 al día 15 de agosto nos desayunamos con la noticia de que el Ayuntamiento de Sabadell, que agrupa a ERC, CUP, ICV y Podemos ha remitido para su consideración un informe sobre los nombres de las calles del municipio encargado a un historiador, Josep Abad, elegido por el gobierno municipal. La conclusión de este caballero es tan hilarante como vergonzosa. Bajo la consideración de “modelo pseudocultural franquista” se concluye que deben ser retirados de las calles de la quinta ciudad más poblada de Cataluña, los nombres de personas como (este título lo pongo yo, por respeto y admiración) don Antonio Machado, Goya, Calderón de la Barca, Góngora, Garcilaso, Larra, Quevedo, Bécquer, Lope de Vega, Tirso de Molina, entre otros.

Entiendo que la ideología soberanista conduzca a potenciar el callejero con nombres más afines a la identidad catalana, pero renunciar al legado cultural de los arriba citados es renunciar a una parte de la cultura de la que los catalanes, también, son herederos. ¿El dinero público se debe invertir, aunque haya costado solo 600 euros, en pagar un informe semejante?