DE LOS DERROCHES INSTITUCIONALES POCO CONOCIDOS
Por Agustín Ramírez , 1 octubre, 2014
Tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, la siguiente noticia referida a él ha sido su inclusión, como miembro de pleno derecho, y consejero permanente, en su condición de antiguo presidente, en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid con un salario bruto anual de ocho mil quinientos euros. Al conocer la noticia no me ha desagrado tanto el exceso de la retribución económica, que me parece escandalosa dada las circunstancias del país, con el agravante de que el tiempo de trabajo que ocupa ese cargo es el que corresponda a una reunión semanal, como el conocer la existencia de esos consejos consultivos en todas las comunidades autónomas, salvo en la de Cantabria, hasta ahora desconocidos para la gran mayoría de la ciudadanía.
Su existencia solo se justifica por tener “otro cementerio de elefantes de políticos no electos” muy bien retribuidos por lo general. Así, mientras las comunidades de Aragón, Rioja, Canarias, Navarra y Balearestienen para ese organismo un presupuesto que no llega al medio millón de euros, en Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia, su presupuesto varía entre los tres y los casi cuatro millones y medio de euros.
Al hilo de su conocimiento, se me ocurren algunas preguntas: ¿qué necesidad hay de tener estos organismos en las comunidades autónomas?, ¿acaso no existen ya en las administraciones autonómicas técnicos del máximo nivel a los que requerir, como parte de su trabajo, informes sobre los proyectos legislativos que se quiere consultar? Sobre la conveniencia o no de un proyecto legislativo está la decisión del poder ejecutivo, sobre la calidad del texto del citado proyecto, debería estar la cualidad técnica del poder legislativo y del equipo técnico inherente a cada parlamento autonómico.
Y todo este gasto, en mi opinión totalmente innecesario e inútil, es absolutamente prescindible porque si ya existen los asesores a dedo en las diferentes consejerías de las comunidades autónomas, si existen unos técnicos del más alto nivel y si existen los distintos tribunales de justicia, ¿qué es lo que se quiere consultar?
Ahora que el gobierno habla de buscar acuerdos para promover un proceso de “regeneración democrática”, ¿qué mejor oportunidad que comenzar por eliminar este tipo de organismos públicos prescindibles, así como toda esa serie de empresas públicas innecesarias, a la par que limitar drásticamente el número de asesores, nombrados a dedo y retribuidos demasiado generosamente?
Con todos esos dineros recuperables, los informes que emiten organizaciones solventes y plenamente conocedoras de la realidad a pie de calle, como recientemente ha hecho Cáritas, podrían ser algo menos dramáticos y podría destinarse ese ahorro, más otros muchos sobre los que hoy no me voy a extender, a combatir las situaciones de exclusión social, malnutrición infantil, etc., dotaciones económicas necesarias paracombatir los recortes a la ley de dependencia, a la sanidad pública, a la educación pública, a la investigación, a promover el derecho a la vivienda; en definitiva, a intentar que la desigualdad social, al menos mientras el modelo económico no cambie, no siga aumentando.
Finalmente, si estos organismos fuesen eliminados y ello implicase la ponderación del trabajo de los Técnicos de Administración del Estado, daríamos una alegría al señor Marhuenda, que siempre se empeña en defender el valor de las oposiciones para defender a personas que se “defienden” por sí mismas, tal es el caso de doña Ana Botella; por cierto ¿cómo se puede dirigir un periódico estando la mayor parte del día en tertulias radiofónicas, televisivas e, incluso, dando clases en la Universidad?, ¿será que el señor Marhuenda está tocado por la varita mágica del don de la ubicuidad? Otras conclusiones, mejor me las callo.
Pero volviendo a estos “altos cargos” de los organismos inventados para ellos, recomiendo la lectura de Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales: “La Primera República”, “Cánovas”, “De Cartago a Sagunto”, entre otros,y de su novela “Miau” en las que La Administración Pública, la burocracia, la corrupción, el tráfico de influencias,son objeto de reflexión y de crítica despiadada por parte de su autor, reflejo de la realidad social que le tocó vivir. ¡Parece que nada hemos aprendido desde el siglo XIX!
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