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La sentencia insensata

Por José Luis Muñoz , 14 octubre, 2019

El día de hoy es de una enorme tristeza para todos los que vivimos en Catalunya, independentistas o no, como de forma clara y sentida lo ha expresado en una rueda de prensa el diputado de ERC Gabriel Rufián. Y rabia. Las peores previsiones se han cumplido. Los siete jueces del Tribunal Supremo, después de un juicio maratoniano y transparente (eso es lo único que reconozco), han dado muestras de no tener un gramo de sentido común condenando con penas durísimas a nueve de los doce encausados. Los exonera de rebelión, tal como pedía la Fiscalía, pero los condena por sedición y lo hace, en casi todos los casos, aplicándoles una pena mayor de la solicitada por la abogacía del Estado personada en la causa, de nueve a trece años. Nueve vidas laminadas.

El sentido común, ese del que carecen los políticos hablen en catalán o en castellano, y buena parte de los jueces que no han evolucionado con la sociedad y parecen anclados en el pasado con togas que huelen a naftalina, hacia esperar una sentencia moderada (seis o siete años, como máximo) y alguna que otra absolución (la de los Jordis). No ha sido así. El alto tribunal confunde sedición (que según muy prestigiosos juristas y ex miembros del alto tribunal no hubo) con lo que fue una operación chapucera de desobediencia contumaz por parte de una clase política catalana completamente irresponsable que derogó el estatuto de autonomía, puso en marcha unas leyes de desconexión, elaboró una constitución catalana de chichinabo, proclamó una independencia de 18 segundos y se fue a celebrarla comiendo tapas. La sentencia da carta de seriedad a algo que no lo tuvo.

Recurro a la RAE para no perderme. “Sedición: Alzamiento público y tumultuario para impedir a la autoridad o a un funcionario público, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos”. In stricto sensu cualquier persona que se opone a ser expulsada de su casa es un sedicioso. Los tumultos, que los hubo, fueron provocados por las fuerzas del orden extrañas (enviadas al grito de ¡A por ellos!) contra ciudadanos que introducían una papeleta en una urna de plástico comprada en bazares chinos.

No aprecian sus señorías, que visionaron los videos aportados por la defensa con los ojos cerrados, que la violencia desatada en las calles de Barcelona durante la consulta del 1 de Octubre, la causaron precisamente los encargados de velar por el orden público, y la justifican, cuando fue un uso flagrante y desproporcionado de los uniformados venidos de fuera contra ciudadanos que ofrecieron una resistencia pacífica.

La sentencia es un despropósito que no hace otra cosa que sumar afines al independentismo catalán y multiplicar exponencialmente la desafección hacia España de una parte cada vez más importante de la ciudadanía de Cataluña, un castigo cruel e innecesario con indicios de prevaricación, sobre todo en el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, condenados a 9 años por promover una manifestación de protesta, que espero utilicen con la mayor celeridad sus defensas.

Como testigo directo de esas jornadas que precedieron a la aplicación del 155, que fue acatado sin rechistar por todos esos rebeldes que se han sentado en el banquillo y han sido condenados, señal de que eran muy poco sediciosos, puedo decir que no se arrió la bandera de España en ningún momento de los edificios públicos, no se tomó el control de fronteras ni de los medios de transporte ni comunicación, ni hubo más violencia que los de las fuerzas foráneas enviadas por el estado español. Nada de lo que se produjo esos días, ni la consulta popular (mal llamada por los independentistas referéndum) ni esa declaración de independencia exprés que se produjo fuera de la sala de plenos del Parlament, una vez acabada la sesión y con la mitad de los diputados presentes, y sin hacerse constar en el DOGC, tuvo validez. Nada de aquella pantomima existió en realidad sino para los miembros de este distinguido tribunal que ha impuesto por unanimidad esta sentencia desproporcionada.

No hace falta buscar razones históricas, ni retorcer la historia a su conveniencia, para justificar la secesión de un territorio de otro si la ciudadanía lo quiere. Si Cataluña quiere ser independiente, y por Cataluña se entiende la máxima proporción de catalanes y no la correlación que existe ahora, nadie podrá impedirlo. Sabían los líderes secesionistas que, con sus decisiones, iban directos al abismo y que el sueño de una república independiente estaba muy lejos de conseguirse porque faltaba convencer exactamente a la mitad de los catalanes de su idoneidad. Hasta no contar con un 60 por ciento de convencidos, el independentismo catalán no tiene más recorrido que este, el victimismo en el que está instalado desde hace años. Sentencias tan poco ejemplares, tan jurídicamente discutibles, tan fuera del sentido común, como la conocida hoy, solo sirven para incendiar un trozo del territorio nacional, hacer la brecha más grande y que se froten las manos los separadores de aquí y de allá.

El ¡A por ellos! que alentaba a la policía nacional y a la guardia civil enviada a Cataluña parece haber calado entre los miembros de ese excelentísimo Tribunal Supremo. Vergüenza.