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Un pueblo luchando por un concepto: lo que es público y lo que no

Por Javier Pérez , 25 julio, 2014

Brañuelas-Villagatón es un pequeño ayuntamiento del noroeste de León. Como tantos otros de esa zona, golpeada por la destrucción del sector miner0, se enfrenta a una grave crisis económica y de despoblamiento, con todos los corolarios que suelen añadirse a esta situación: envejecimiento, carencia de servicios, dispersión de la población, etc.

Pero lejos de la resignación, el pueblo se está haciendo conocido a nivel nacional por la pelea que sostiene contra las todopoderosas empresas eléctricas, exigiéndoles el pago de derechos por las torres de distribución y otras instalaciones que mantienen en montes y terrenos de titularidad municipal.

Para el Ayuntamiento, la cosa está clara: mientras las eléctricas eran de titularidad pública no había nada que alegar porque utilizasen los espacios públicos, para bien de todos y servicio común. Pero cuando se han privatizado las eléctricas y sus beneficios son privados, ¿qué razón hay para que se mantenga la gratuidad en el uso de los recursos comunes? ¿Por qué un vecino, con un gallinero, tiene que pagar el IBI y una eléctrica con trescientas torres eléctricas no paga ni un duro por los elementos que emplea para su actividad?

Ya va una docena de veces que la justicia da la razón al pueblo, la última con una condena a Fenosa a pagar más de medio millón de euros, pero las eléctricas, que se consideran las dueñas absolutas del país (y sus razones tienen, a juzgar por los vasallos que contratan como consejeros), siguen mareando la perdiz para no pagar. Seguramente, más por miedo al precedente que al gasto.

Porque, por supuesto, no es medio millón de euros lo que aquí se ventila. Lo que se discute es el concepto de lo publico y lo privado, lo que se debate es el mantenimiento de la ley del embudo, heredada de los tiempos en que todos éramos propietarios de las eléctricas. Entonces sí tenía sentido que, en terreno de todos, colocasen los elementos necesarios para servicio de todos.

Lo que se pelea, en suma, es si las eléctricas, al pasar de públicas a privadas, siguen teniendo derecho a utilizar el patrimonio público como si fuese suyo, mientras los beneficios, los reparten solamente entre sus accionistas.

Por eso, se gane o se pierda, salga bien o mal la iniciativa, recurran los electrocalambrosos al tribunal de Bruselas o al del Fuero Juzgo, creo que todos los ciudadanos de bien tenemos que apoyar a este ayuntamiento por la iniciativa.