De violencias y manipulaciones
Por José Luis Muñoz , 29 marzo, 2014
La violencia insoportable de los provocadores que se infiltraron en las marchas de la dignidad del 22 M en Madrid ha contrarrestado la violencia insoportable del gobierno de la nación que lleva toda la legislatura machacando a la ciudadanía con medidas absolutamente lesivas e incumpliendo sistemáticamente el programa por el que fue elegido. Los desahucios violentos—las imágenes de las fuerzas del orden público derribando puertas y sacando a rastras familias a las que se las condena a la indigencia—; la situación absoluta de indefensión de la clase trabajadora, abandonada por sus sindicatos, con salarios inviables, ausencia de derechos y siempre sometidos a la amenaza de despido; las leyes que intenta aprobar el gobierno, como las del aborto del ministro Ruiz Gallardón que, de ser implementada, llevarán a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo a hacer turismo hospitalario, las que se lo puedan permitir, o a realizarlos dentro de la ilegalidad con el riesgo para la vida que ello les supondrá; o la ley de inseguridad ciudadana, cuestionada por inconstitucional, más los insoportables índices de corrupción que afectan a la clase política y que no son castigados con celeridad por la lenta justicia desprovista de medios para llevar a cabo las investigaciones—los delincuentes no entran en prisión y los jueces molestos son apartados de los procedimientos—a pesar de que pueda generar todo ello mucha rabia, y así lo testimonian los millones de personas que se concentraron pacíficamente en Madrid, no justifican la salvaje violencia de un grupo de infiltrados en la masiva marcha que, con su actuación, han conseguido que se hable de la violencia contra la policía y no de la violencia de los que gobiernan contra la ciudadanía.
Vistas las numerosas imágenes de los disturbios que empezaron cuando la manifestación ya se disolvía y escuchadas las instrucciones que daban los mandos de las Unidades de Intervención Policial a sus efectivos, permítanme que piense mal, porque casi siempre que se piensa mal se acierta. Atados de pies y manos, con la orden de no responder a los ataques, los policías fueron literalmente masacrados por los violentos que utilizaron contra ellos cohetes, barras de hierro y adoquines y que llegaron a poner en peligro la vida de los servidores del orden público con una saña no vista hasta ahora salvo en el País Vasco en los años más duros de la kale borroka. No es de extrañar que los sindicatos policiales se muestren indignados porque sus mandos los pusieron literalmente bajo las patas de los caballos y no les importó su seguridad. ¿Su inactividad estaba relacionada con la presencia de observadores internacionales en las marchas de la dignidad? ¿Se les ordenó aguantar para no causar daños mayores al resto de la manifestación? Los policías exigen asunción de responsabilidades y dimisiones. El operativo policial fue un desastre absoluto. ¿Intencionado? Ahí está la duda.
¿Qué hay detrás de todos estos lamentables episodios que han ensombrecido una de las manifestaciones más masivas contra la insoportable política económica de este gobierno de derechas que está demoliendo con buldóceres nuestro estado de bienestar?
Días atrás alguien, en la esfera del PP, no recuerdo exactamente quien, lanzó un extraño globo sonda. Habría que exigir a los organizadores de las manifestaciones que contraten, sí, que contraten, un servicio de seguridad profesional para garantizar el orden en las mismas. Lo leí y me costaba creerlo. ¿Una forma de obtener beneficios empresariales a costa de la protesta social? El capitalismo no tiene conciencia ni límites. Un capitalismo capaz de hacer negocio con el icono más sacrosanto de la izquierda internacional, Che Guevara, pretende rentabilizar las protestas que se hacen contra él. A esa propuesta hay que sumar la de la reina del disparate, la alcaldesa, por poco tiempo, de Madrid Ana Botella que vuelve a reclamar una especie de manifestódromo para que el centro de la capital de España no sufra las molestias de las protestas ciudadanas. O las iniciativas de la delegada del gobierno de Madrid Cristina Cifuentes pidiendo responsabilidades a los organizadores de las marchas de la dignidad por los desórdenes ajenos a ellos que sucedieron a la masiva manifestación que tuvo lugar en Madrid. ¿Casualidades o causalidades?
Las protestas sociales en Europa se están radicalizando y están dejando de ser pacíficas para ser violentas, lamentablemente y quizás porque por las buenas se tiene la sensación de que no se consigue nada. Así ha sido en Grecia, el país que más ha sufrido la crisis, con un sinfín de huelgas generales y protestas masivas que, sin embargo, no han conseguido modificar las líneas políticas del gobierno. Pero resulta paradójico que los medios de comunicación de derechas de este país, la mayoría, por cierto, porque la izquierda se ha quedado huérfana de ellos, jaleen las manifestaciones que tomaron las calles de Kiev y propiciaron la caída del gobierno de Yanukovich, presidente elegido por las urnas, mal que nos pese, manifestaciones de una violencia brutal y que causaron buen número de muertos que se achacaron a las fuerzas del orden y luego resultó que había que repartir también entre los miembros de una milicia nazi ultraviolenta que tomó parte en la masiva movilización que derrocó al gobierno de la nación. La misma prensa, por cierto, que jalea a los manifestantes violentos que se enfrentan a las violentas fuerzas del orden del gobierno legítimo de Venezuela de Nicolás Maduro que, por mucho que sea criticable, sin lugar a dudas con mucha razón, ganó las últimas elecciones. Que jaleen los desórdenes de allí mientras condenan los desórdenes de aquí resulta llamativo.
Uno tiene la sensación y la sospecha de que lo que sucedió al final de las marchas por la dignidad de Madrid no fue algo casual sino organizado y permitido precisamente para desprestigiar a los organizadores y para implementar medidas que coarten el derecho a manifestarse en un futuro al ligar manifestación con violencia y antisistema. Abandonados por sus mandos, los policías de las Unidades de Intervención Policial que fueron víctimas de los violentos y recibieron la absurda orden de no responder con su material antidisturbios, son, quizás, víctimas de una extraña maniobra política que habría que investigar. Ellos también son trabajadores que sufren como el resto de la población la política de recortes, forman también parte de los indignados de este país absolutamente harto de este lento genocidio silencioso que están consumando los que nos gobiernan con recortes que literalmente nos están empobreciendo y matando.
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