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A propósito del acoso escolar

Por José María García Linares , 22 enero, 2016

El diario El Mundo publicaba el 20 de enero de 2016 la carta que Diego, un niño de 11 años, dejó escrita antes de lanzarse al vacío desde la ventana de su casa. El texto es estremecedor, no sólo por la ternura que desprenden las palabras que dirige a sus seres queridos y que transmiten al lector la profunda tristeza de un proyecto fallido, sino por el motivo que lo ha empujado a tomar la decisión de quitarse la vida. Cuando todavía tenemos tan presente el suicidio de Alan, el joven transexual víctima de acoso escolar en Cataluña, Diego pone punto y final a su existencia también por sentirse, todavía presuntamente, acosado en el colegio.

No mentiría si dijera que, además de profundamente triste, no estoy sorprendido. A quienes trabajamos en la docencia, sobre todo en la secundaria, no nos puede extrañar algo de lo que llevamos advirtiendo desde hace ya más de una década. Lamentablemente, como en tantos otros asuntos fundamentales de nuestro sistema educativo, las autoridades ni nos escuchan ni nos apoyan. Tampoco lo hacen debidamente los sindicatos. Los niveles de conflicto entre alumno y alumno o entre profesor y alumno siguen aumentando en nuestras aulas (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/11/05/violencia-escolar-agresiones-alumnas-aumentan/1693069.html) mientras el debate está en las horas de Religión, en las de Castellano o en las de Educación para la Ciudadanía (por poner un ejemplo reciente de esa lastimosa ideologización que nos está conduciendo al absurdo y a la ineficacia). Amalia Gómez ponía el dedo en la llaga en su fundamental y poco leído La escuela sin ley, publicado en 2009 por La esfera de los libros. Desgraciadamente los índices de lectura en nuestro país eran y siguen siendo demasiado bajos.

Atajar la violencia en las escuelas, hoy por hoy y con los recursos de que disponemos los docentes, es prácticamente imposible, por mucho teléfono gratuito que se ponga a disposición de los jóvenes. Con la muerte de Alan los medios de comunicación se echaron las manos a la cabeza. Cómo era posible que pudiera ocurrir algo así y, sin embargo, la escuela no es otra cosa que el reflejo de la sociedad en la que, esa misma escuela, desarrolla sus funciones. A una sociedad violenta y discriminadora le corresponde una escuela en los mismos términos. No es de extrañar, por tanto, que una sociedad machista eduque alumnos machistas y que esta lacra, la del machismo, sea tan difícil de erradicar. Por eso, desde hace años, se alzan voces que advierten de que la educación de un país no depende exclusivamente de los profesores, sino de la sociedad entera. La sociedad educa y la escuela enseña, o debería enseñar. Cómo educar en la cultura de la paz si cuando el alumnado, al salir de los colegios e institutos, no sigue recibiendo esa educación.

España tiene un problema educativo (social, en definitiva) que trasciende lo meramente curricular. No podemos hacer un análisis detallado en estas pocas líneas, pero sí apuntar algunas cuestiones que pueden estar generando o complicando la situación de la que hablamos. En primer lugar, nuestra sociedad, como la de gran parte del mundo occidental, ha apostado prácticamente todo al desarrollo económico del país, olvidando parcelas de la vida que son fundamentales para una convivencia democrática. En estos momentos, en un altísimo porcentaje, la conciliación de la vida laboral y familiar es utópica en España. Y esa imposibilidad, esa no-presencia parental, afecta tanto a adolescentes como a pequeños de seis años. Alumnos que desayunan, comen y meriendan en los colegios, no en sus hogares. Ven a sus padres por las noches, cuando éstos están agotados y no pueden prestarles atenciones suficientes. Es evidente que las figuras paterna y materna están diluidas, y con ellas el concepto de autoridad. El niño aprende por imitación, necesita modelos de conducta, necesita afecto. ¿De quién están aprendiendo hoy los niños que no tengan la suerte de tener algún abuelo o abuela a su lado? ¿A quiénes imitan? Que en una sociedad avanzada los progenitores no puedan pasar tiempo con sus hijos es alarmante. Hay jóvenes que pasan más tiempo con sus compañeros que con su familia. En consecuencia, no puede sorprenderles a las autoridades que muchas familias incurran en dejación de responsabilidades. Se acaba exigiendo al Estado lo que el individuo ya no hace porque el orden de prioridades es otro, aunque sean responsabilidades irrenunciables. Es cierto que el Estado debe garantizar un sistema educativo justo e igual para todo, pero es la familia quien debe inculcar a sus hijos las normas básicas de convivencia desde los primeros años, que son, como se sabe, los más importantes.

El segundo aspecto es consecuencia directa de lo que acabamos de apuntar. Los centros escolares se convierten en espacios en los que las familias, cada día más deprisa, dejan a sus hijos para que estén cuidados mientras ellas van a trabajar, y esto es comprensible en un contexto como el que vivimos. Lo importante, más allá de los aprendizajes, es que estén seguros y a buen recaudo, por eso hoy los institutos parecen cárceles, llenos de rejas y candados. Es la primacía del estar sobre el saber. Estar escolarizado no es, pues, garantía de conocimiento, sino de seguridad, por eso comparten espacio alumnos con necesidades muy distintas, desde estudiantes extranjeros que no conocen el idioma pero que son colocados en un curso en función de su edad y no de sus competencias, alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan atención individualizada casi las seis horas, jóvenes con trastornos conductuales y con medidas judiciales que son matriculados en la defenestrada Formación Profesional Básica… No importa la problemática que sufran. Un profesor, parece, es especialista en todo lo habido y por haber.

Lipovetsky es autor de dos libros fundamentales, La era del vacío (Anagrama, 2010) y El crepúsculo del deber (Anagrama, 2008) que señalan cómo las democracias modernas le han dado la espalda a la retórica del deber austero e integral y consagran los derechos individuales a la autonomía, el deseo, el narcisismo y la felicidad. Posiblemente, y este es el tercer aspecto que queremos señalar, la recuperación de la libertad tras los cuarenta años de dictadura franquista nos haya llevado, como contrapartida a la comodidad y la bonanza económica, a descuidar valores como el esfuerzo, el respeto por lo público y gratuito, el saber como garantía de éxito futuro, etc., y así, gran parte de nuestros jóvenes tienen una escala de valores que nada tiene que ver con la nuestra. El capricho, el deseo individual, el éxito inmediato, la cosificación del mundo y de la persona, la exigencia de derechos y el olvido de las obligaciones, etc. Es imposible que un adolescente entre por la puerta del instituto y cambie su sistema de valores, es decir, inevitablemente se comportarán en la escuela como lo hacen en sus hogares y en la calle. El que rompe retrovisores a patadas un viernes por la noche no puede ser en la escuela un alumno modelo.

Y contra este tipo de alumnado violento no hay, ahora mismo, mucho margen de maniobra en los centros educativos. Resulta inevitable decir aquí que un alto porcentaje de quienes acosan a sus compañeros en los centros educativos son jóvenes que no quieren estar allí, que no tienen ningún interés por el estudio y que, seguramente, si contáramos con itinerarios especiales, con especialistas, trabajadores sociales, psicólogos, tutorías de jóvenes, etc., tendrían una oportunidad para salir adelante. El Estado, sin embargo, parece desconocer las cargas familiares y vitales que arrastran estos chicos, la problemática que viven y las pocas esperanzas de futuro que les puede suponer la implantación de programas como la Formación Profesional Básica que no debería estar concebida para este tipo de perfiles. Estos alumnos necesitan especialistas, ayuda profesional más allá de la que les puede dar un profesor del ámbito socio-lingüístico. Estoy seguro de que cualquier persona que padezca del corazón no admitiría que en un hospital público español lo tratara y lo operara un traumatólogo. Exigiría, y conseguiría, un cardiólogo, un especialista. En nuestro sistema educativo no existe esta lógica. Cualquier problema que surja lo puede arreglar cualquiera. Esto es así de claro y así de lamentable. Ahora la novedad se llama ‘habilitación’, es decir, unos cursitos que te habilitan para, por ejemplo, convertirte en mediador para la resolución de conflictos, y así hay decenas de habilitaciones. Al final se apela a la buena voluntad del profesorado, que hace tantas cosas a la vez que es imposible que haga a la perfección ninguna, y mucho menos desde el estallido de la crisis económica, que se ha llevado por delante miles de puestos de trabajo y ha dejado las plantillas de los centros en los huesos. Digamos en alto otra verdad irrebatible. La escuela no puede solucionar todos los problemas de la sociedad.

Hemos dado este rodeo porque estamos convencidos de que para vivir en una sociedad democrática es imprescindible el cumplimiento de las leyes y el respeto a las normas básicas de la convivencia. Detrás de un caso de acoso escolar hay muchos elementos que deben ser analizados con sosiego: en qué tipo de centros se producen más casos de violencia y por qué (todos los centros no son iguales, por mucho que se empeñen los políticos en afirmar que la educación es igual para todos), qué problemáticas familiares han marcado y marcan a los acosadores, qué tipo de profesionales y especialistas son los apropiados para tratar estos trastornos, qué posibilidades ofrece hoy el sistema a quienes no quieren seguir permaneciendo en él, etc. Y junto a esa necesidad de normas es preciso, no nos cansaremos de decirlo, que los centros escolares cuenten con personal especializado para diagnosticar y tratar toda una serie de problemas que no pueden tener respuesta desde una simple asignatura.

José María García Linares