ANTE LAS ELECCIONES DEL 26 DE JUNIO

Se acaban de convocar nuevas elecciones porque la falta de acuerdo habida entre los distintos partidos políticos ha dado como resultado la negativa para formar gobierno, y lo que es más grave, el fracaso parlamentario que ello ha supuesto para la clase política

El inmovilismo del señor Mariano Rajoy, o yo o la nada; el acuerdo, megalómanamente teatralizado de los señores Pedro Sánchez y Albert Rivera pretendiendo que su documento-acuerdo fuese un imán que debía de atraer a todos los demás;  la actuación de Pablo Iglesias, comenzando por solicitar la vicepresidencia, varios ministerios más el control de determinados organismos estatales y su posterior y continua rebaja en las pretensiones de acceder al gobierno, han concluído con la convocatoria de nuevas elecciones.

Este carrusel de reuniones, de cálculos aritméticos sobre las posibilidades de formar, o no, uno u otro gobierno, son los árboles que no dejan ver el bosque de nuestra realidad política. ¿Y cuál es ésta? Hoy y ahora hay una realidad de las personas y otra realidad de los números y de las estadísticas.

La realidad de las personas es que la reforma laboral ha propiciado la creación de gran número de contratos, –precarios en tiempo, salario y condiciones laborales– que no sirven para futuras jubilaciones, ni para actuales calidades de vida y solo sirven para que el empleador gane dinero a costa del trabajo precarizado.

La realidad es que las reformas gubernamentales han propiciado la congelación de las pensiones, la destrucción de empleo público, la reducción escandalosa del número de trabajadores en la sanidad privada, la marginalización de la enseñanza pública en favor de la enseñanza privada y concertada; en definitiva, el aniquilamiento del Estado del Bienestar, entendido éste como un logro menor que compensara las desigualdades que el sistema económico genera.

Frente a los sesudos defensores de “es que España no se puede permitir un Estado del Bienestar así” hay una realidad que habla de los beneficios de las grandes empresas y su escasa tributación a la Hacienda Pública, hay una realidad que habla de que son estas mismas empresas las que crean sus filiales en paraísos fiscales para eludir una tributación en España, hay una realidad que habla de la corrupción y el despilfarro por toda la geografía española, hay una realidad que habla del desmadre incontrolado y consentido con las retribuciones públicas, excepto en los trabajadores de las administraciones públicas; me estoy refiriendo al desmadre en las retribuciones de los directores y altos cargos de tantos entes, organismos autónomos, empresas públicas y similares, donde el salario de un Presidente de Gobierno es una limosna comparado con retribuciones en puestos de menor rango y responsabilidad.

La reciente aparición de los llamados “Papeles de Panamá” revela que en determinados niveles el fraude y la elusión fiscal son moneda de cambio diaria y ¿qué se hace para acabar con tanta podredumbre? Casi nada. Quien en su juventud alocada robase una bicicleta o un carro de la compra, tenga por cierto que acabará en la cárcel, cosa bien distinta ocurre cuando los delitos son de “cuello blanco”, salvo excepciones siguen en la calle al amparo de los mal llamados “prestigiosos bufetes de abogados”, capaces de retorcer la ley hasta permitir que los casos se demoren en el tiempo, así como sus consecuencias.

Frente a toda esta política debería de haber otra; otra política que atacase de raíz estos problemas, pero a sabiendas de que su implantación, si democráticamente fuera posible, en la práctica los poderes reales se encargarían de entorpecerla hasta que encallase y fracasase.

En artículos anteriores he insistido en ello, pero es que el ejemplo de Grecia es algo que no deberíamos olvidar, tenerlo omnipresente y sacar sus consecuencias. Es probable, no se si posible, que alguna coalición de izquierdas pudiese llegar al gobierno; es tan deseable como necesario que esa posible coalición de izquierdas, más sus añadidos, llegase al gobierno con un programa de gobierno que todos conociésemos, que supiésemos sus costes, de donde saldrían los dineros y, sobre todo, que conociésemos el plan alternativo para que, llegado el momento en que los poderes reales se opusieran a él, saber cual sería el “qué hacer” y qué costes, no solo económicos tendría.

Sin esta información y sin este compromiso, seguiríamos en la “vieja política”.