¿Cómo afrontar el problema de la Independencia de Cataluña?

Aunque el Gobierno de España tiene suficientes recursos (legales, materiales) para abortar cualquier intento de independencia de Cataluña, no tiene, por no decir que tiene cada vez menos, suficientes recursos para resolver el problema del malestar de una parte creciente de la sociedad catalana, en relación con España. Este malestar no es aún sinónimo de independentismo, aunque podría serlo cada vez más. Si este descontento de la sociedad civil se convierte en un deseo, en un ansia auténtica y mayoritaria de ruptura con España, ello será en mi opinión, el resultado de la combinación de dos factores: la torpeza e incomprensión por el resto de fuerzas políticas y sociales de España (fundamentalmente los tres grandes partidos españolistas, PP, PSOE y Ciudadanos), por una parte; y la habilidad y la capacidad de manipulación y maniobra política de quienes buscan y han empezado a pilotar ya este proceso de ruptura con el Estado.
¿Cuál es el objetivo político de quienes buscan esta ruptura? Convertir este descontento, que viene ya de antiguo, de cada vez más catalanes con España, en independentismo. Aunque este malestar con España no estuviera justificado, el efecto sería el mismo. Por otra parte, no haría falta ser un Talleyrand para conseguir esto. Puesto que los partidos políticos y los movimientos sociales soberanistas en Cataluña ya se han percatado, al menos desde las últimas grandes manifestaciones de la Diada, de que esto no sólo es posible, sino incluso inevitable. Sólo hay que tensar cada vez más la cuerda y entrar en la dinámica de acción y reacción.
El propio objetivo de la independencia unilateral, rompe con el marco legal y constitucional español. Es tan incompatible con él como un asalto a un Banco lo es con el Código Penal. Cada declaración y cada medida que adopten en este sentido, tendrá en primer lugar, la respuesta formal que se da a los actos ilegales por parte del Estado: la represión legítima (el uso legítimo de la fuerza, que decía Max Weber). Ahora bien, esa reacción formal tendrá una consecuencia política, en la medida en que los sectores sociales catalanistas sean capaces de presentarla, no como lo que formalmente es: un acto de represión legal o de “justicia”; sino como un acto político, de pura represión de las aspiraciones de los catalanes descontentos, aun de los no independentistas. Entonces muchos de ellos se harán independentistas.
El mejor aliado del independentismo catalán es, hoy por hoy, la política del gobierno de España y de los partidos políticos y los grupos sociales que la apoyan (con independencia de que la razón formal, legal, y aun la moral, estén muchas veces, de su parte). Cada vez que el señor Rajoy o el señor Albert Rivera, comparecen para exigir algo tan elemental como es el cumplimiento de las Leyes y el funcionamiento del Estado de Derecho en Cataluña, están apagando un incendio con gasolina, no por reclamar esto, que es algo obvio, sino por hacer sólo eso. Por no pasar a la política. Da la impresión de asistir a una partida cuyos jugadores obedecen a reglas distintas. El catalanismo convierte en políticas todas las reclamaciones de legalidad con las que desde Madrid se reprimen sus actos e iniciativas que, como no puede ser de otra manera, son en esto, por definición, ilegales. El Gobierno de España, como los grupos que le apoyan aquí, son tan incapaces de trasladar a los catalanes que se trata simplemente de hacer cumplir y respetar las Leyes (y no de actos de humillación y represión políticos), como el Gobierno de la Generalitat lo es de ajustarse a ellas. Así el proceso se retroalimenta hasta el infinito. ¿Hasta el infinito?

Lluys Compayns detenido

Muchos catalanes que hoy, como hace un año, hubieran votado aún que No a la independencia en un referéndum, dentro de unos meses, como consecuencia de esta dinámica de acción y reacción, seguramente votarán que sí. Por eso para los independentistas el referéndum ya no debe situarse en el arranque del proceso, sino al final. Cuando, con la ayuda del resto de fuerzas, de los partidos estatales, hayan conseguido convertir el descontento de una parte importante de la sociedad catalana en independentismo. Entonces pondrán las urnas.
Es verdad que el estado español tampoco lo tiene fácil. Aparte de la jaula ideológica del españolismo, están las luchas intestinas, a menudo cainitas, en el seno de los grandes partidos, en un momento de crisis del modelo salido de la Transición. Además, admitir un referéndum sólo en Cataluña, aun cuando hoy aún lo ganaran los contrarios a la ruptura, sentaría para muchos un precedente peligroso, o simplemente inaceptable (por ejemplo, porque el derecho de autodeterminación es una figura jurídica ambigua, a caballo entre la política y el propio Derecho, en la que se trata ni más ni menos de la posibilidad de definir y redefinir ad infinitum al soberano con su territorio, aun cuando el acto se revista de formas democráticas). Es muy difícil, así, pasar del Derecho a la Política. Pero eso no significa que no sea urgente hacerlo hoy.
El gobierno tiene además, junto a los otros poderes del estado, los resortes legales y la fuerza material necesaria para hacer cumplir la Ley en Cataluña, sea cual sea el proceso político. Siente que tiene, además, muchas razones para hacerlo así. Pero esto, que es verdad, puede crearle la ilusión de que no se enfrenta a un problema político sino sólo de desobediencia e incumplimiento de las leyes, casi de orden público. El problema político no es que el gobierno de Cataluña vaya a declarar y a poner en práctica materialmente la independencia y la república catalana. El problema político es que, aunque no puede hacerlo (o precisamente, porque no tiene los medios del estado para hacerlo), contará cada vez más con el apoyo y la simpatía de una parte creciente de la sociedad civil catalana. Y para resolver ese problema, todos los recursos del Estado, por legítimos y formidables que sean, no bastarán si no se pasa a la política. A la gran política, para la gente.

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