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La falta de competitividad y libre competencia favorece el desarrollo de los puertos en países vecinos

Por José Julián Martín , 25 octubre, 2015

La actual situación de globalización de los mercados obliga a un cambio en el modelo español de gestión portuaria para primar la competitividad y la libre competencia, en contraste con la situación actual de nuestro sistema portuario. Esta es la conclusión central de un estudio elaborado para FEDEA por Mª del Mar Cerbán y Juan Ortí titulado “Infraestructuras portuarias: análisis del sistema portuario español. Contexto internacional y propuestas de reforma.”

El estudio examina el caso español tomando como referencia las principales políticas de gobernanza portuaria vigentes internacionalmente y argumenta que el modelo portuario vigente está agotado y demanda una profunda reestructuración.

Aunque el sistema portuario español es rentable en su conjunto, los puertos cada vez resultan menos atractivos para los operadores debido al elevado coste de ciertos servicios y a las altas tasas portuarias. Por otra parte, el sistema ha generado una sobrecapacidad que no se eliminará en muchos años con las previsiones actuales de tráfico. El nivel de utilización del conjunto de las terminales de contenedores es tan solo del 36%, siendo más de la mitad tráfico de transbordo, muy volátil y enormemente sensible al coste.

El hecho de que los puertos españoles no hayan sido capaces de aplicar reformas (como la liberalización de la estiba) y de reducir los costes para estos tráficos tan sensibles ha favorecido que proliferen otros puertos en países vecinos (como Sines, Tánger, etc.) que sí han entendido la importancia y sensibilidad del coste del transbordo. Estos puertos vecinos han llevado a cabo las reformas necesarias para atraer estos tráficos tan volátiles y no dependientes del hinterland asociado al puerto.

El sistema portuario español de titularidad estatal se compone de 28 Autoridades Portuarias (AAPP). Diez de ellas mueven el 80% del total de mercancías, mientras que las 18 restantes solo mueven el 20%. Al acotar la búsqueda al tráfico de contenedores, principal objeto de este estudio, se observa que de las 28 AAPP, solo 3 de ellas aglutinan el 75% del tráfico contenerizado, mientras que las 25 restantes representan el otro 25%. Al ceñirse al tráfico de transbordo, se desprende que el 83% del tráfico en España lo aglutinan únicamente dos AAPP, mientras que las 26 restantes solo mueven el 17%. Estos datos llevan a los autores a cuestionar si es necesario tener 28 AAPP y 46 puertos de interés general.

Los autores indagan en la problemática actual del sistema portuario español proponiendo cinco tipos de reformas que afronten los retos de sobrecapacidad, falta de competitividad y libre competencia del actual sistema portuario español:

Un primer lugar, un cambio del modelo de organización ante la necesidad de racionalización y especialización portuaria. Reducción de los puertos de interés general y de las AAPP.

En segundo lugar, un cambio del modelo de gobernanza ante la necesidad de evolucionar a un modelo nuevo basado en la corporatización y la gestión público-privada de los puertos españoles de interés general, con la unificación de AAPP bajo el amparo de corporaciones o fachadas marítimas (logistics authorities).

En tercer lugar proponen un cambio del sistema de planificación portuaria debido a la necesidad de tener una planificación del sistema portuario español bajo una estrategia estatal única y común, basándose en estudios de demanda y de mercado.

La cuarta propuesta es la liberalización de la estiba por la necesidad de reformar el modelo actual, liberalizando el sector e instaurando la libre competencia en los servicios de estiba y desestiba, definiendo un modelo nuevo que elimine la relación laboral especial y el control de acceso a la profesión.

La quinta y última propuesta es la libre competencia de los servicios técnico-náuticos suscitada por la necesidad de definir un modelo nuevo de concesiones públicas para los servicios técnico-náuticos que elimine los monopolios en los servicios y permita la libre competencia.