El fiscal del TS defiende que los autores del ‘chivatazo’ no colaboraron con ETA porque protegían el proceso de paz

El fiscal del Tribunal Supremo Antonio Barranco ha defendido que los autores del ‘chivatazo’ a ETA que se produjo en el bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006 no pretendían «ayudar a las pretensiones» de la organización terrorista sino proteger «el proceso de paz» que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «para acabar con la actividad de la banda».

En la vista de casación que se ha celebrado este martes ante la Sala Segunda del alto tribunal, el representante del Ministerio Público ha solicitado la confirmación de la sentencia que dictó en octubre pasado la Audiencia Nacional, que condenó al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación.

«La intencionalidad del chivatazo no era servir a los intereses de la banda sino favorecer una conducta para acabar con esta actividad», ha defendido el fiscal del Supremo. Su compañero en la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, solicitó dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos aunque, siguiendo la directriz del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ofreció la alternativa de cinco años por colaboración con organización terrorista.

El fiscal, que no recurrió la sentencia de instancia, ha defendido durante su intervención que lo fundamental es «la conducta» de los condenados y no su «móvil», que resulta «indiferente». En este sentido, ha considerado «erróneo» deducir de la sentencia de la Audiencia Nacional que la actuación de los policías persiguiera desarrollar «una ayuda externa a la finalidad de la banda» porque su verdadera intención era «acabar con la actividad de ETA».

Tras calificar de «irreprochable» el «juicio de inferencia basado en las pruebas» efectuado por el tribunal que juzgó los hechos, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, Barranco ha argumentado que el exjefe policial en el País Vasco y su subordinado actuaron «sin dolo» porque, según se ha encargado de insistir, pretendían «facilitar el proceso de paz».

El fiscal, que en un momento de su intervención incluso ha elogiado «los años» que Pamies dedicó a la «lucha antiterrorista», ha pedido, sin embargo, que se confirme la condena por revelación de secretos porque tanto él como Ballesteros «quebrantaron uno de los principios informadores básicos de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la del riguroso secreto profesional».

Según ha dicho, la información que recibió el dueño del ‘Faisán’, Joseba Elosua, de que la Policía Nacional preparaba una operación contra el aparato de extorsión de ETA el día que se iba a realizar un pago del denominado ‘impuesto revolucionario’ «quebró la investigación policial» y produjo «en ese momento la elusión en la recogida de pruebas».

«El delito se consuma cuando se produce la revelación de datos que el funcionario ha tenido por razón de su cargo y que no deben ser divulgados», ha dicho el representante del Ministerio Público antes de añadir que, al tratarse de datos referentes a la lucha antiterrorista, la relevancia de lo sucedido es «mayor» y produjo «un quebranto de la credibilidad de las administaciones públicas y, en este caso, de la administración policial».

Las acusaciones populares, que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ) y el Partido Popular (PP), han solicitado la casación de la sentencia de la Audiencia Nacional para que los dos mandos policiales sean condenados por el delito de colaboración con organización terrorista. El letrado de los ‘populares’, Alexis Godoy, se ha limitado a dar por reproducidos sus escritos y adherirse a las alegaciones planteadas por las dos asociaciones.

El letrado de la AVT, Antonio Guerrero, ha defendido que para los dos agentes sean condenados por colaborar con ETA bastaría «un dolo genérico o eventual» en su actuación, independientemente de la «motivación» que les hubiera impulsado. «Aunque no tuvieran esa intención intrínseca de favorecimiento, estaban favoreciendo la actividad de la banda terrorista ETA», ha señalado Guerrero para poner de relieve el «plus de gravedad» en el que habrían incurrido los agentes al tratarse de «un procedimiento llevado a cabo en el marco de la lucha antiterrorista que llevaba desarrollándose varios años y estaba a punto de acabar».

En la misma línea, la abogada de Dignidad y Justicia (DyJ), Vanessa Santiago, ha dicho que los condenados eran «absolutamente conscientes» de que estaban «ayudando a presuntos miembros de ETA» y que «ejecutaron su acción para dar al traste con el operativo policial». También ha indicado que, si no querían entorpecer el proceso de paz, los acusados, en lugar de facilitar la delación, podrían haber «utilizado otras vías y acudir al juez instructor o a otros estamentos del Estado».

Por su parte, la abogada de Pamies, María Ponte, ha señalado que las acusaciones quieren «modificar a su antojo» los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional y ha defendido que, según esta resolución, la operación contra ETA no se llevó a cabo el día del ‘chivatazo’ por la negativa de las autoridades francesas. Así, ha defendido que la finalidad del exjefe de policía era «la contraria a la de la organización terrorista ETA, subvertir el orden constitucional y la paz pública», y que éste ni siquiera conocía de la existencia de la operación.

El representante legal de Ballesteros, José Luis Vegas, ha defendido que su cliente, condenado por facilitar el móvil a Elosua con el que Pamies realizó la delación, no tenía «conocimiento alguno» sobre las intenciones de su superior y que, en todo caso, estaba cumpliendo órdenes. «Pasó tres veces por delante de la cámara, sólo le falto saludar», ha apuntado.

El tribunal que revisará la sentencia de la Audiencia Nacional está encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, e integrado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, que será el ponente de la resolución.