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El PP, tocado y escorado

Por José Luis Muñoz , 24 marzo, 2015

Como ya se preveía, el auto del juez Pablo Ruz, después de un proceso de investigación exhaustivo a lo largo del cual el partido en el gobierno ha puesto todas las trabas posibles—recordemos que la policía registró la sede del PP; recordemos que se destruyeron los ordenadores de Luis Bárcenas; recordemos las reticencias de la Agencia Tributaria y sus estrambóticas teorías de comparar al PP con las hermanitas de la caridad, entre otros muchos desatinos—acredita la veracidad de los papeles del tesorero, recordemos, del PP—aquellos papelillos, como los famosos hilillos de plastilina del Prestige, que el partido en el gobierno tildó, en un rosario de estupideces para engañar a la opinión pública, como meras fotocopias manipuladas de algo inexistente, papeles falsificados por el propio tesorero escritos en una sola sentada, invención de la oposición, etc. etc. es decir, que mintió de forma deliberada hasta que Mariano Rajoy le mandó ese SMS a un Luis Bárcenas que entraba en la cárcel: Luis, sé fuerte, eufemismo de Luis, no hables, que esto lo arreglamos—y que con ese dinero opaco, dinero negro, aportado, curiosamente, por empresas constructoras—y las empresas constructoras no son hermanitas de la caridad, que eso lo sabe todo el mundo—se pagaron, entre otras cosas, sobresueldos a altos cargos del partido—y ahí está la lista de lo que estuvo cobrando con ese dinero negro, ilegal, subrayo, ilegal, el ahora presidente del gobierno, y con él toda la cúpula dirigente del PP durante esos 18 años acreditados, por lo que habría que saber si tributaron a Hacienda—; obras en algunas de sus sedes, concretamente la de Madrid, y, lo que es más grave, las campañas electorales del PP en los comicios de esos 18 años, lo que introduce un nuevo elemento de fraude electoral en todo este asunto y que se cuestionen todas sus victorias al haber concurrido a las elecciones con parte de sus campañas sufragadas con dinero negro. El montante de esa cuantía de dinero que entró ilícitamente en las arcas del partido que nos gobierna ascendió nada menos que a ocho millones de euros.

Podría haber sido el auto del juez Pablo Ruz más contundente—no ha podido probar de forma fehaciente relación de obra pública adjudicada a las empresas donantes del partido, aunque está meridianamente claro que ese era el fin de las donaciones—; haber llamado a declarar al presidente del gobierno, cosa que no ha hecho, pero sí a los anteriores secretarios generales; o imputar a toda la cúpula dirigente, a título lucrativo, como se ha hecho con Ana Mato, por esa financiación ilegal. Salvan el cuello Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y Mariano Rajoy porque no sabían que ese dinero que recibían, para compensar su dedicación exclusiva al partido, tenía un origen oscuro.

A qué espera la militancia honesta del PP, que hay miles, y entre ellos algunos barones, para remover de sus cargos a toda la cúpula dirigente del partido es la pregunta que, en buena lógica, se hace uno. A qué espera la oposición para exigir, una vez más, la dimisión del presidente del gobierno con toda la contundencia posible, otra.

El resultado desastroso del PP en las elecciones andaluzas se explica, en buena parte, por su conducta ante la corrupción que le seguirá pasando factura en las próximas citas electorales. De momento sólo Esperanza Aguirre, de cuyo nombramiento se debe de estar arrepintiendo Mariano Rajoy, está sacando provecho en todo ese mar revuelto por el que navega el barco torpedeado del PP.