Golpe del Estado en Cataluña

El gobierno del señor Rajoy, con el apoyo de los dos partidos llamados constitucionalistas, acaba de suspender la autonomía de Cataluña, apoyándose en un artículo de la Constitución de 1978. No es la primera vez que en la Historia reciente, y no tan reciente, un gobierno se apoya en las leyes para subvertir el propio orden constitucional que dice defender (así lo hizo, por ejemplo, Hitler, cuando recurrió al articulado de la Constitución de Weimar, que no había derogado tras la toma del poder, para poner los primeros pilares administrativos e institucionales del Tercer Reich). Por supuesto, los dos procesos históricos están tan alejados entre sí, que sería una exageración histórica, malintencionada, reivindicar aquí su semejanza. Y, con todo, formalmente, la semejanza existe. Con la aplicación del famoso 155, en una versión además, dura, se pone fin de facto, al orden constitucional de 1978 en España. Lo que ha de venir, nadie lo sabe, pero cabe pensar que se abre un proceso regresivo en nuestro Estado de Partidos, regresivo e inquietante no sólo para los catalanes, sino también para todos los españoles.

Por supuesto, las autoridades catalanas, y la mayoría del Parlamento, abusando del juego de las mayorías, habían iniciado un proceso de ruptura con la legalidad vigente, que acaso, dejaba poco margen de maniobra a los defensores a ultranza del régimen del 78 (Monarquía incluida). Por otra parte, el gobierno español, y seguramente los Partidos que le apoyan en esto, no sólo han actuado, a mi entender, con el apoyo de de los cónsules imperiales de la UE, sino, como ocurriera ya tras la muerte de Franco con las élites del PSOE y los sectores reformistas de la Dictadura moribunda, a instancias de esos mismos poderes internacionales, como meros ejecutores. Tras agotar casi todas las bazas que tenían para doblegar pudorosamente a los rebeldes secesionistas catalanes (la guerra económica incluida), los llamados constitucionalistas y el gobierno han optado, finalmente, por romper de facto ellos mismos con el propio orden constitucional, utilizando su propio articulado y por ende, todo el aparato del Estado a su disposición, al modo de un buen airbag que sólo puede funcionar destrozando el coche que lo incorpora.

Se me ocurre, a propósito de todo esto, otra cosa. Con independencia de los abusos, los auto-engaños, la propaganda, el victimismo y la manipulación de que han hecho y hacen gala los partidos y movimientos independentistas en Cataluña, y con independencia del (acaso problemático), efecto de contagio que una deriva nacionalista semejante pudiese tener en otros estados de la UE, lo que estos últimos años se ha ido incubando en Cataluña puede resultar aún más inquietante para las autoridades europeas por lo siguiente: que una parte notable de la sociedad civil se movilice fuera de los cauces institucionales del Estado de Partidos, aunque sea por razones espureas, supone un cuestionamiento desde abajo de todos los mecanismos de poder del sistema representativo (que como bien señalaran los mismos padres de la Constitución de los EE.UU., donde por cierto, no aparece ni una sola vez la palabra democracia, es lo contrario de la democracia).

El gobierno del señor Rajoy y sus asociados, han propuesto al Senado la destitución del gobierno rebelde catalán, y la intervención de facto desde Madrid, del Parlamento de Cataluña (que, dicho sea de paso, los mismos independentistas catalanes han clausurado desde hace semanas). ¿Con qué derecho? Con el artículo 155 de la Constitución española de 1978. Pero, ¿con qué legitimidad, frente a los electores catalanes que, en las últimas elecciones optaron allí, por esos partidos y esos representantes? ¿Quién ha elegido a sus ministros y a usted en Cataluña, señor Rajoy? El señor Pedro Sánchez, esta vez, no ha preguntado a los militantes de su Partido. Y por supuesto, el señor Iceta, tampoco.

Si los líderes y los sectores políticos independentistas tuviesen altura de miras, que no la tienen, ahora seguirían los pasos del movimiento de Gandhi: la huelga de hambre, la resistencia pacífica, y la desobediencia civil hasta las últimas consecuencias. Si nosotros, los habitantes del resto de España, tuviésemos conciencia de que esto no ha hecho más que empezar, también para nosotros, cambiaríamos las banderas por otras pancartas muy distintas, y saldríamos a la calle, no para apoyar a los independentistas catalanes, que no lo merecen, sino para defender nuestras libertades amenazadas. Y para exigir un proceso constituyente, esta vez sí, hacia una democracia real, que es incompatible con el Estado de Partidos en que vivimos.

Pero esto no ha hecho más que empezar. Ojalá no vaya a peor.