IU presenta una querella criminal contra BFA y Bankia y 32 responsables, entre ellos Rato, por estafa

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el abogado de IU Enrique de Santiago han presentado en rueda de prensa la querella, interpuesta este pasado lunes ante el Juzgado de Instrucción número4 de la Audiencia, donde ya se investigan varias causas sobre Bankia y las venta de preferentes.

IU acusa a esos exresponsables, que ya están imputados, de siete delitos, asociación ilícita, castigado con hasta ocho años de cárcel; delito contable (hasta tres años de prisión); estafa (hasta seis); apropiación indebida (6); administración desleal (4); falsedad en documento mercantil (6) y falseamiento de información económico financiera para captar inversores (4).

De Santiago ha detallado que la querella se dirige contra 20 consejeros del BFA y 15 de Bankia, tres de los cuales coinciden, por lo que son un total de 32 personas, todas ellas ya imputados por la Audiencia Nacional, –entre ellos el expresidente, Rodrigo Rato; vicepresidente, José Luis Olivas; o el consejero de BFA Ángel Acebes y el representante de IU José Antonio Moral Santín–. Además, se extiende la responsabilidad penal a las dos entidades como personas jurídicas.

Los hechos de la querella repasan las insolvencias de facto de las cajas de ahorro que forman el BFA en las cuentas de 2009; el proceso de constitución del BFA; el plan de «engaño y estafa» en la salida a bolsa de Bankia, acompañada de la ocultación evidente de situación de insolvencia; la participación de las preferentes como instrumentos de engaño, la cesión del negocio bancario del BFA a Bankia, la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia cuando salió a bolsa «con la presentación de información falseada»; las remuneraciones de los consejeros de las entidades; o el proceso de intervención del Estado, en mayo de 2012, que llevó a que la reformulación de las cuestas de 2011 cambiara de unos 305 millones de euros de beneficio a un déficit de 6.700.

En la querella, IU también apunta a la colaboración necesaria del Banco de España, Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad Lanzard o la consultora Deloitte. «El plan de engaño no hubiera sido posible sin estos actores», ha dicho Lara.

Además de la acusación penal, la federación de izquierdas pide una serie de medidas cautelares, como el embargo a las personas físicas querelladas de 24.945 millones de euros, que es el quebranto al erario público por el rescate; y el embargo a los miembros del consejo de BCA o Bankia que también lo hubieran sido en 2009 de Caja Madrid de 3.000 millones de euros –el valor de emisión de preferentes de ese año–.