Justicia que no nos representa

Cuando el común de los mortales no entiende una sentencia judicial y le parece a todas luces injusta, algo va mal. La reciente sentencia del pleno del Tribunal Supremo que echa por tierra otra sentencia judicial según la cual los bancos deberían pagar el conocido como impuesto de las hipotecas, ha sido la gota de agua que colma el vaso de la indignación de la ciudadanía y su desafección con el sistema judicial. La progresista Jueces por la Democracia, minoritaria (y ahí radica el problema de la justicia española), ha pedido la dimisión inmediata del presidente del alto tribunal Carlos Lesmes mientras Unidos Podemos convoca una marcha de protesta ante la sede del Tribunal Supremo para este sábado. Parece que desde determinadas instancias jurídicas se está legislando contra el ciudadano y la indignación que provoca su conducta inapropiada rebasa todos los límites.

Pedro Sánchez, el renacido, ha reaccionado con rapidez y contundencia y ha afeado a la más alta instancia judicial el desbarre de esa sentencia fruto de presiones y componendas inadmisibles en una instancia judicial, y vía decreto ley enmienda la plana al despropósito judicial: el impuesto lo pagarán los bancos. Un balón de oxígeno inesperado que le regala el alto tribunal y palía el dolor de muelas de esos presupuestos del estado que incomprensiblemente rechazan los independentistas catalanes. Tampoco lancemos las campanas al vuelo. La banca trapacera, como un tahúr, repercutirá el coste de la medida entre la ciudadanía vía comisiones e intereses (subidas en las operaciones crediticias, bajadas en la remuneración del ahorro) en sus clientes en aplicación de su doctrina de no tener jamás pérdidas. Debería velar el Banco de España para que esa práctica no se produjera y se refleje la pérdida en las cuentas de resultados y apechuguen con ella los altos ejecutivos y accionistas: bájense el sueldo unos, ganen menos otros. Todavía es la hora de que nos devuelvan el ingente importe del rescate bancario unas entidades que no parpadean a la hora de ejecutar las hipotecas y echar a los inquilinos a la puta calle.

El problema del sistema judicial español es, como ya dije en un artículo anterior, que el setenta por ciento de los jueces son conservadores y el treinta por ciento progresistas, y que las sentencias son muy diferentes según caigan en un juzgado o en otro. Si bien hay jueces que son tan impecables como implacables (ahí están Jaume Matas, Bárcenas, Urdangarín, Rafael Correa y Rodrigo Rato, entre otros, chupando cárcel) otros piden cuatro años de prisión para alguien que robó con una cierta fuerza (malos modos, hay que decirlo) un bocadillo en una panadería y nadie ve delito en la conducta corrupta del emérito y ni siquiera se le investiga tras las grabaciones que soltó en su día el siniestro comisario Villarejo, personaje de novela negra con todo derecho.

El desprestigio en el que está cayendo la justicia española, con un rosario de sentencias incomprensibles e instrucciones demenciales (la del juez Pablo Llarena es un despropósito que debería inhabilitarlo de por vida) puede llegar a su cenit cuando se celebre el juicio a los independentistas catalanes a los que se les puede tildar de todo (ilusos, incompetentes, irresponsables, chapuceros, utópicos) pero nunca de rebeldes violentos, y así lo ha dictaminado la justicia alemana y la belga que no tienen esa rémora franquista que aquí tanto pesa. Lo que va a provocar ese juicio, y  su sentencia, que de ser condenatoria será recurrida en Estrasburgo, quizá sea la catarsis necesaria para que la democracia entre en ese ámbito tan cerrado, opaco y caduco como es la judicatura, de la que tantos ciudadanos desconfían abiertamente.

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