La Audiencia Nacional absuelve a 40 acusados de pertenecer a SEGI

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a 40 acusados de pertenecer a la rama juvenil de ETA, SEGI, que se enfrentaban a penas de entre seis y doce años de cárcel por integración en organización terrorista. El tribunal ha considerado que no pertenecían a esta organización sino a la plataforma Gazte Independendistak, que no está vinculada la banda terrorista y a la que no se relaciona con actos de violencia callejera.

La resolución precisa que “no ha quedado acreditada la pertenencia a SEGI” de los acusados y añade que ninguno de ellos realizó “aportaciones materiales y concretas a las acciones criminales” de esta organización. La sentencia, que cuenta con el voto particular del magistrado Nicolás Poveda, especifica que los 40 actuaban bajo la cobertura de otra plataforma independentista, en la que desarrollaban “actos de contenido político” pero no violento.

El ponente Ramón Sáez Valcárcel ahonda en la composición y fines de Gazte Independentistak y especifica que no consta que la plataforma “dependiera de ETA ni que esta definiera su estrategia y actividades”. “No se atribuye a ésta ningún acto de violencia callejera, ni tampoco la coordinación, dirección y planeamiento de esa forma ilegal de intervención, ni que conformase grupos de jóvenes, con estructura paramilitar, dispuestos a actuar con artefactos explosivos y a alterar la convivencia”, dice.

Señala que el movimiento juvenil en el País Vasco y Navarra se articulaba a partir de los ‘gaztetxes’, “lugares ideológicamente plurales y con intereses diversos, que representan expresiones que van desde el feminismo al ambientalismo, los problemas de la enseñanza secundaria y universitaria, el acceso a la vivienda, la problemática del consumo de drogas, el ocio y el deporte, la música y otras manifestaciones de la cultura popular”. Según el tribunal, no se ha podido acreditar que SEGI controlara estos espacios.

La sentencia menciona la existencia de una “total confusión” entre Segi y Gazte Independentistak e indica “que no basta con proponer que Segi utiliza a la plataforma juvenil para convertir a sus miembros en militantes de aquella”. Agrega que la plataforma juvenil “no se vinculó ni planificó ni promovió ni dirigió acciones de violencia callejera ni consta que configurara grupos para ejecutarla”.

El Ministerio Público pedía para todos ellos seis años de cárcel y definía a SEGI como una “organización juvenil creada en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que complementa la actividad de lucha armada de la banda terrorista ETA mediante actos de ‘kale borroka’ o lucha callejera” que persigue producir un “profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho”. Por su parte Dignidad y Justicia, personada en la causa como acusación popular, solicitaba penas de entre 10 y 12 años.