La imputación de la alcaldesa de Cartagena
Por Juan Carlos Navarro , 5 marzo, 2015
Me entristece tener que ver el honor de otra administración pública en entredicho, por esta continua proliferación de posibles casos de corrupción, a través de la cual nuestra nación contempla, atónita, la cara que muchos políticos españoles han podido estar ocultando durante años.
Este cinco de marzo, la actual alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha declarado ante el Tribunal Supremo por el caso ‘Novo Carthago’, que investiga una recalificación supuestamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago, a orillas del Mar Menor, parte de la tan reclamada provincia de Cartagena, cuya restitución se hace todavía de esperar en la mal llamada para muchos, Región de Murcia. La constructora Hansa Urbana planeaba construir en estos terrenos, de especial protección medioambiental, una macrourbanización de 10.000 viviendas. Se sospecha que la aprobación de esa modificación urbanística fue promovida por Pilar Barreiro, con lo cual, el Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra ella. Cabe remarcar su condición de aforada, pues no solo es alcaldesa de la trimilenaria ciudad de Cartagena, también es diputada nacional del Partido Popular en las Cortes de España.
Este caso se une al reciente paso por los tribunales del anterior alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, detenido en la operación « Púnica » ; y respecto a lo cual José López, único edil de un partido cartagenero que por su hiperactividad y contundencia parece ser el líder de la oposición municipal, señala « esto es púnico y notorio ».
Desgraciadamente estas situaciones, cuanto menos, turbulentas, no se dan solo en Cartagena, sino por toda la geografía española y de forma constante. Sin embargo, no quiero amargarles ni a ustedes ni a mí mismo la existencia relatando la picardía que han tenido unos y otros a la hora de gestionar las administraciones públicas, por tanto, voy a levantar un poco la lupa y voy a dejar de centrarme en ejemplos concretos. Me gustaría exponer una idea general que comprende el problema tratado en este artículo, y su solución: tolerancia cero con la corrupción.
Si bien actualmente hemos sido testigos del descubrimiento de numerosos posibles casos de corrupción, creo sinceramente que la reacción del pueblo español no es lo suficientemente contundente como para dejar claro a nuestros gobernantes la importancia que tiene para la sociedad española una gestión limpia y transparente de los fondos públicos. Ciertas actitudes irrespetuosas de algunos políticos hacia el electorado que les ha dado su confianza y un sillón en las instituciones que nos representan a todos han de tener unas consecuencias acordes con sus actos.
Hemos de encontrar el modo de mostrarles a los políticos la seriedad del asunto. El problema es que muchos españoles ven las noticias desde la televisión de su casa a la hora de comer, observan la cantidad de millones de euros que han podido ser robados, y tras pasar por la cólera del momento, vemos los deportes, acabamos de comer, y seguimos con nuestra vida.
Creo que para los españoles, la corrupción no forma parte de su vida cotidiana, pues el corrupto no se sitúa frente a nosotros cual ladrón de poca monta para arrebatarnos, a punta de pistola, el dinero que llevamos en nuestra propia cartera. La mayoría de los españoles, inmersos en sus preocupaciones cotidianas, parecen no darse cuenta de que no solo somos un grupo de individuos con intereses personales y específicos ajenos al resto de la sociedad. Tanto yo como probablemente usted, lector, somos españoles o residentes en esta nación, y de esta forma, ambos pertenecemos a un gran proyecto común llamado España. Usted y el resto de españoles pagan para sacar adelante ese gran proyecto que supone nuestra nación. ¿No es aberrante que el dinero que tanto esfuerzo nos cuesta ganar sea mal gestionado bien para financiar ilegalmente a partidos políticos o bien, directamente acabe en el bolsillo de algunos individuos que pretenden enriquecerse durante su paso por la política? Nuestra nación no es el cortijo privado de una élite de zánganos.
En conclusión, creo que no vivimos en un estado democrático si no tenemos conocimiento alguno del paradero final del dinero que pagamos para sostener nuestra nación. Hemos de reaccionar.
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