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La infanta Cristina imputada

Por Hector Anaya , 14 enero, 2014

El juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales y otro fiscal dentro del caso Nóos presuntamente cometidos por la hija del Rey en su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

La imputación de la infanta fue comunicada el pasado 7 de enero por el titular número tres de Palma en un auto de 227 páginas, realizado tras 20 días de encierro del juez Castro, que ha sido notificado a las partes personadas en el proceso [léalo en PDF: parte I y parte II]. Cristina de Borbón deberá declarar ante el juez el sábado 8 de marzo a las 10.00 horas de la mañana.

La causa judicial que ha deteriorado la imagen y el prestigio de la familia real al implicar a la infanta, investiga la supuesta ilegalidad de los negocios del duque de Palma, quien a través del Instituto Nóos, desvió fondos públicos, logrados gracias a contratos adjudicados a dedo por dos Gobiernos autónomos del PP, a empresas privadas de su propiedad. Una de las empresas privadas era Aizoon en la que la infanta tenía una participación del 50% y con los beneficios que de ella obtuvo cubrió gastos personales.

Además de considerar que la infanta era consciente de las irregularidades y poseedora de un 50% de Aizoon en donde cargaba sus gastos personales, el texto estima que la infanta actuaba como «escudo fiscal» ante una inspección fiscal y que gran parte de los gastos personales se sufragaron con dinero de origen público «por mucho hincapié que se ponga en el beneficio de la duda».

El caso Nóos, también conocido como Operación Babel, comenzó en 2010 como un caso derivado de la operación del Palma Arena cuando Iñaki Urdangarín y su ex socio, Diego Torres, fueron acusados de malversación, fraude, blanqueo de capitales y prevaricación. Esta actividad delictiva se realizó a través del Instituto Nóos, asociación sin ánimo de lucro, que dirigía el marido de la infanta.

El juez, asimismo, considera «inadmisible que se pretenda adornar la convocatoria de personajes públicos, especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado, de un especial cuidado a la hora de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a su convocatoria, tal como se ha llegado a argumentar».

Finalmente, la infanta ha decidido no recurrir y acudir a declarar ante el juez Castro.