Por qué es urgente un gobierno en España

Supongamos que las instituciones de un país, o de una región, no son indiferentes a su desenvolvimiento económico. Por ejemplo, en un país con un régimen seudoparlamentario, como Rusia, donde el poder político está concentrado bajo una forma autoritaria, en una élite restringida (visible e invisible), y donde la economía se basa en determinadas materias primas y energéticas claves, así como en algunos subsectores tecnológicos e industriales ligados a la antigua industria de armamento de la URSS, una democratización alteraría estas bases de tal forma que ya no podrían seguir funcionando como hasta ahora. El resultado, aparte de la violencia política y social inmediata que se desencadenaría (véase el ejemplo de la triste «Primavera Árabe»), sería cuando menos, en términos de desarrollo económico, incierto, siquiera a corto y medio plazo. En una palabra, el grueso de la población del imperio ruso no sólo no se beneficiaría, en términos de bienestar, sino que podría incluso, ver sus condiciones de vida actuales empeoradas, al menos de momento, si se produjese una democratización de las instituciones del país.

En el caso de España, la imbricación entre nuestras instituciones políticas y las estructuras económicas es diferente. Con un régimen parlamentario heredado directamente de la Dictadura, corrupto pero menos autocrático que en el caso de Rusia, y una economía dual, basada por una parte en el autónomo y el pequeño empresariado (visible e invisible), que soporta el grueso de los impuestos y ofrece, a cambio, el grueso de las oportunidades de empleo; y por otra, en la discrecionalidad de la inversión de las grandes multinacionales y los Bancos, que no están dispuestos a soportar ninguna carga fiscal ni laboral adicional, más allá de lo imprescindible, esta imbricación de nuestras instituciones políticas y la economía exige un nivel mínimo de corrupción en las primeras, y toleraría un nivel máximo de democracia.

En una palabra: dentro del modelo de desarrollo económico actual (el Capitalismo Global), una democratización de nuestras instituciones, que además incluyera el desmantelamiento de la corrupción política, no sólo no beneficiaría a corto plazo el bienestar material de la mayoría de los españoles, sino que incluso podría comprometerlo seriamente, aún más de lo que ya lo está. Es cierto que este modelo incluye la precarización y desvalorización radical del trabajo, pero eso no significa que el cambio de nuestro actual funcionamiento institucional, oligárquico y corrupto, hacia otro democrático y transparente, conllevaría una mejora del empleo, en términos de calidad y cantidad, al menos a corto y medio plazo, así como una mejora de nuestro «Estado del bienestar».

Si esto es así, necesitamos con urgencia un gobierno que no sólo no esté en funciones, sino que además no altere este funcionamiento oligárquico y corrupto, de nuestras instituciones. Necesitamos partidos políticos permeables a los intereses y al gran poder empresarial, cuyas élites no estén controladas ni por los ciudadanos, ni por los afiliados de sus propios partidos, y que además, estén estimuladas por esos grandes intereses privados (puertas giratorias, comisiones, etcétera). Necesitamos eso, y en el fondo, lo queremos.

¿Lo queremos? Esa es la cuestión. Y la segunda cuestión, si todo esto es algo que nos repugna moralmente (y a mí, me repugna), ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para cambiarlo? La democracia no es gratis. La virtud moral, tampoco.

Todo lo demás es literatura.