Ruido de togas

Recuerdo que en la no tan modélica transición española, últimamente muy cuestionada (sinceramente creo que no se podía ir más allá, que las fuerzas progresistas hicieron una lectura realista de su peso y actuaron en consecuencia), se hablaba constantemente del ruido de sables en los cuarteles como una de las primordiales amenazas que podrían revertir el ilusionante, por entonces, proceso democratizador de España. El mayor peligro para que la sociedad no alcanzara las cotas de libertad necesarias estaba  en los patios de armas de los cuarteles en donde todavía el franquismo, a través de sus generales reaccionarios, tenía una fuerza considerable que podía hacer tambalear todo el proceso. De hecho, tras varias intentonas frustradas, el oscuro golpe de estado del 23 F supuso el fin del ruido de sables en los cuarteles y la democracia española, con todas sus imperfecciones y sin esa segunda transición que debió haberse hecho, siguió avanzando.

El estamento militar, salvo algunas voces disonantes que resuenan amplificadas por las cavernas mediáticas, se ha profesionalizado y no supone ya ninguna amenaza para el sistema democrático; los cuarteles hacen oídos sordos a los llamados de los partidos ultramontanos. Los últimos franquistas enquistados en las filas del ejército o se jubilaron o pasaron a mejor vida y España tiene en estos momentos unas fuerzas armadas profesionales que no interfieren en los asuntos políticos, pero ese ruido de sables que aterrorizaba a finales del pasado siglo ha sido sustituido por el ruido de togas, más sutil y mucho más difícil de neutralizar. Los jueces y, sobre todo, sus estamentos jerárquicos y órganos de dirección, se han convertido en la más rocosa resistencia para el avance del país, en un elemento involucionista.

Es bien sabido que por sus condiciones de acceso profesional, unas oposiciones memorialistas, que en estos tiempos de digitalización e internet tienen muy poco sentido, largas y difícilmente costeables que ya marcan la pertenencia social de la mayor parte de la judicatura, los jueces se sitúan mayoritariamente  en el arco conservador del país (un 30 % progresista, agrupados en Juezas y Jueces para la democracia, frente al otro 70% conservador afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y la Asociación Foro Judicial Independiente) y eso tiene una incidencia en la vida política del país.

Aunque en España exista una teórica separación de poderes, la percepción general es que esta no es efectiva porque en la judicatura y en sus estamentos jerárquicos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, son mayoría los jueces próximos al pensamiento de la derecha más reaccionaria. De esta forma la judicatura se ha convertido en uno de los poderes fácticos (no electos por la ciudadanía, sí por los magistrados) que apuntalan el Estado.  Por su pensamiento e ideología conservadora, la casta judicial se erige en protectora de las esencias patrias de España y sustituye al ejército de antaño. Con sus sentencias desmesuradas e incomprensibles para la mayor parte de los ciudadanos, unos tiempos que parecen dictados por el calendario político para frustrar según qué posturas y alianzas, y claras desavenencias con los tribunales europeos, el sistema judicial está en crisis y provoca la desafección de no pocos ciudadanos que lo ven como un instrumento más de esa derecha rancia que no acepta su derrota electoral y lo utilizará como ariete para desgastar el carácter dialogante del nuevo gobierno de coalición. Que el ejecutivo se prepare para un ruido de togas insoportable.

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