Un “despropósito” es como los colectivos sociales han definido a las nuevas propuestas para realizar recortes
Por Lucía Berruga Sánchez , 23 julio, 2014
Protesta de trabajadores y pacientes contra los recortes del sistema sanitario en Madrid / CARLOS ROSILLO
Las propuestas de nuevos recortes aportadas por las comunidades para cuadrar cuentas y alcanzar sus objetivos económicos, han pillado por sorpresa a agentes y colectivos sociales e, incluso, al propio Ministerio de Sanidad.
Estas nuevas iniciativas han sido calificadas de inaceptables por profesores, médicos, funcionarios y trabajadores sociales ya que consideran que son un «despropósito» y un «ataque a los derechos de la ciudadanía».
Entre estas iniciativas continúan los recortes en Educación con la posibilidad de aumentar el ratio de alumnos por aula, es decir, más alumnos y menos profesores. Esto lleva a una masificación de las aulas, lo que generaría un deterioro en la calidad de la enseñanza. También se incluye una reducción de la becas de comedor, lo que ha sido calificado como «inmoral» por Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa).
Aquí, tanto profesores como padres han afirmado que de llevarse a cabo estas medidas, se generará una respuesta por parte de estos aunque sin hablar de movilizaciones.
El otro gran área afectada es la Sanidad, en el que se recogen planteamientos sobre nuevas fórmulas de copagos, el establecimiento de tasas hosteleras en los hospitales y la posibilidad de cobrar a los pacientes en el caso de no asistir a una consulta programada, entre otras medidas, lo que según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, «Es un desastre absoluto. Implica el deterioro del sistema sanitario y conllevaría resultados gravísimos en la atención de los ciudadanos»
«Estos recortes se enmarcan dentro de un plan de demolición de los servicios públicos y del derecho de acceso a la sanidad», incide Francisco García, de CC OO.
Frente a estas propuestas, el ministerio de Sanidad descarta cualquier nueva fórmula de copago, así como ha asegurado que tampoco se verán afectadas las partidas para las personas dependientes, de las que «El Gobierno ha pasado de aportar el 50% a esta partida, como marca la Ley, a apenas dar el 20%», lo que corresponde a las intenciones del Ejecutivo de «desmantelar el sistema de Dependencia y servicios sociales» para fomentar el aseguramiento privado tal como ha declarado José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales Públicos.
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