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Juzgad al juez

Por José Luis Muñoz , 16 septiembre, 2018

Si la información que hace unos días ha aparecido en el Diario Público es veraz, y tengo muy pocas dudas de ello dada la profesionalidad de su equipo periodístico y de Carlos Enrique Bayo y Patricia López, los autores del informe, en particular, la carrera judicial del juez Pablo Llarena podría tener sus días contados.

Según el rotativo, el Supremo se pasó sus propias normas bajo el Arco del Triunfo al nombrar al ex presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura como magistrado de la Sala Segunda. Según Jueces para la Democracia, la asociación de jueces progresista en las antípodas de la APM, el nombramiento de Pablo Llarena vulneraba tres artículos de la Constitución, dos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tres de su reglamento de nombramientos y la base primera de la convocatoria para cubrir la plaza. Ahí es nada. Pero lo más grave llega luego cuando la Sala de Admisión del Tribunal Supremo decide dar la instrucción de la causa del Procés a Pablo Llarena vulnerándose el turno establecido y desestimando a cinco jueces a los que, por antigüedad, correspondería dicha instrucción y pasándose de nuevo por el Arco del Triunfo sus propias normas internas. Si a todo eso añadimos que toda la instrucción, según reputados juristas, ha sido una chapuza y que las euroórdenes emitidas por Pablo Llarena han sido todas ellas rechazadas por la justicia europea, el desprestigio de dicho juez adquiere dimensiones siderales.

Todo esto evidencia la politización extrema que sufre la justicia española entre jueces de derechas, los más, y jueces de izquierdas, los menos, y la escasa independencia de uno de los poderes nucleares de la democracia como es la justicia. Se retorcieron todos los reglamentos habidos y por haber para que dicho juez instruyera la causa del Procés y que luego este argumentara un delito tan grave como el de rebelión, que muchos juristas no ven por ninguna parte, para mantener en prisión provisional a los políticos independentistas.

Con toda esta información que ofrece el diario Público, el equipo judicial del Procés hasta podría invalidar toda la instrucción llevada a cabo por defecto de forma (la instruyó quien no debía) y acusar al Tribunal Supremo y al juez Pablo Llarena de prevaricación, y si las demandas no prosperan, como sucedió con el recurso contencioso administrativo interpuesto por Jueces para la Democracia, llevar el caso a Estrasburgo. ¿Lo harán? Pues tengo mis dudas. Al Procés le viene muy bien tener mártires y una de sus bazas más espectaculares será la proyección internacional que tendrá el macrojuicio.