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Por José Luis Muñoz , 3 abril, 2020

Llama mucho la atención que un país similar a España, como es Italia, similar hasta en la afectación por esta espantosa pandemia llamada Covid-19 que azota a todo el mundo, la oposición, la neofascista Liga Norte, esté callada y no ponga palos en las ruedas a la gestión de su gobierno que es tan mala, o tan buena, como la nuestra. Llama dolorosamente la atención que en nuestro país, ante esta crisis que es peor que un tsunami, impredecible, mutante a cada instante, sin que se vea la luz al final de este infernal túnel, la oposición y algunos de los socios del gobierno (el PNV) disparen contra él. Si la ciudadanía merece, por su comportamiento general, un notable alto (el sobresaliente se lo impiden esos mil detenidos y esos 30.000 sancionados por ser unos descerebrados) la clase política merece un suspenso.

El gobierno lo está haciendo mal. Sin duda. Debió actuar antes. Desde luego. Va diez pasos por detrás de los acontecimientos. También. Como todos los gobiernos. Corea del Sur es quien lo hizo mejor porque ejerció un control férreo de cada uno de los infectados e hizo un mapa de sus contactos y los aisló. Los demás gobiernos, incluido el de China (ahora se sospecha que falsearon cifras de infectados y fallecidos) han hecho lo que han podido ante este tsunami inimaginable.

Debió haber tomado nota el gobierno de España de lo que estaba sucediendo en Italia, a dos pasos, e implementar medidas más drásticas y con muchísima más premura. Nadie discute ya que las manifestaciones feministas del 8 de marzo y el mitin de VOX produjeron una cadena de infectados. Y los partidos de futbol, y las corridas de toros, y las funciones de teatro, y las sesiones de cine, y los conciertos, y las bodas, y cualquier tipo de reuniones contribuyeron a esa progresión exponencial de la enfermedad en nuestro país.

¿Qué debió hacer el gobierno a toro pasado? ¿Decretar el estado de alarma y confinamiento el 1 de marzo antes de que todo estallara? ¿Hacerlo sin ningún infectado o con un solo caso? Con lo que estamos viendo, sí, por supuesto, pero ni la ciudadanía ni la oposición, ahora tan crítica, lo hubiera entendido. La Iglesia hubiera puesto el grito en el cielo al ver que se cerraban sus centros de culto; las clubes de fútbol y sus aficionados habrían tildado al gobierno de alarmista cuando se suspendieran todos los partidos; las organizaciones feministas lo habrían tomado como un ataque sexista a sus reivindicaciones; los dirigentes y militantes de VOX como una medida autoritaria de este gobierno comunista bolivariano; los partidos políticos como una conculcación de derechos cívicos, políticos y sociales que no estarían dispuestos a permitir. Pese a esa incomprensión social y política que encontraría el gobierno, ¿debería haber tomado esas medidas drásticas a pesar de todo? Si tenía información fehaciente de la gravedad del problema, sí. ¿Lo hubiera podido implementar el 1 de marzo sin casos positivos? Todo el mundo sabe que no.

¿Cómo está gestionando el gobierno esta crisis sanitaria? A trompicones, a destiempo y a diez pasos de los acontecimientos. Partidos de la oposición y partidos de la investidura llevaban tiempo reclamando medidas muchas más drásticas, el parón total del país, salvo los servicios e industrias absolutamente imprescindibles, tal como está haciendo Italia, y el gobierno de coalición se resistía a hacerlo. El presidente de Cataluña llevaba clamando por el confinamiento total de su comunidad y con cerrar Madrid (Madrid no se cerró y una diáspora de madrileños huyó, y posiblemente infectó, a sus segundas residencias en el resto de España).

El gobierno ha echado mano de todos los recursos disponibles para hacer frente a esta crisis que la ONU califica como la más grave después de la Segunda Guerra Mundial, incluido el ejército. La efectividad del despliegue de la UME es indudable para la desinfección de superficies a pesar de la aversión que producen los uniformados en según qué segmentos de población de Cataluña y el País Vasco que parecen rechazar esa ayuda, como el náufrago que rechaza el salvavidas que le lanzan, como si estuviéramos en condiciones de elegir quien nos va a salvar. Las fuerzas de seguridad del estado, policías, guardias civiles, mossos d’esquadra, ertzaina, policías locales están haciendo un gran trabajo en controlar que nadie se salte el confinamiento porque, por desgracia, aún hay ciudadanos descerebrados que se lo toman a guasa. Los sanitarios, sin duda, son los héroes de esta crisis y, a pesar de lo que se está diciendo desde instancias gubernamentales y autonómicas (que se han comprado millones de mascarillas, test y tubos) se quejan, una y otra vez, de que no disponen de esos medios, con lo que cabe asumir que la adquisición de esos elementos es claramente insuficiente (porque se producen en China y en un futuro habría que plantearse producirlos aquí), se está gestionando mal la logística del reparto y estos profesionales que ponen en juego su vida, y la pierden o enferman, trabajan en unas condiciones inadmisibles fruto de recortes sanitarios insensatos y privatizaciones, y señalo directamente a Madrid y a Cataluña. Faltan hospitales, camas pero, sobre todo, sanitarios, los que se tuvieron que ir del país porque no había trabajo para ellos.

El cálculo actual de infectados en España, uno de los países con más índice de mortalidad (algo que todavía se nos tiene que explicar porque en Alemania, por ejemplo, es muy bajo) supera los 100.000. Esos 100.000 son los internados en hospitales por lo que no se cuentan los que están batallando con el Covid-19 en sus casas que pueden ser posiblemente 10 veces superior a esa cifra, es decir, un millón de infectados por el Coronavirus o hasta siete millones según algunas fuentes científicas.

En un nuevo intento para la ralentización de la pandemia el gobierno tomó nuevas medidas de confinamiento con el cierre total del país, salvo los servicios esenciales, aprovechando la Semana Santa precisamente para que el coste económico sea el menor posible, una medida inteligente, y la oposición y algunos de sus socios, el PNV, se le echan encima. El PP lo venía reclamando. El PNV debe de estar pensando en su tejido empresarial más que en la salud de sus ciudadanos. Alegan con razón, en su enfado, que no se lo comunicaron y se enteraron por la prensa. Mala gestión del gobierno que está sencillamente desbordado por los acontecimientos, como lo están todos los gobiernos, y hace que lo puede y debe. En una situación de excepcionalidad, cambiante día a día, hora a hora, las decisiones, por su urgencia, no se pueden ni deben consensuar ni demorar porque el tiempo es el arma más efectiva para ganar la batalla, también el tiempo que la población tarde en enfermar, la única medicina disponible por el momento por desgracia.

El gobierno implementa una batería de 50 medidas económicas extraordinarias para salvar, en lo que pueda, al ciudadano y al tejido empresarial, priorizando al primero ya que ése fue siempre su compromiso como coalición progresista. No se puede despedir durante la situación de excepcionalidad; las empresas que deban cerrar harán un ERTE a sus trabajadores con el compromiso de reincorporarlos a la plantilla cuando pase la pandemia; ningún español perderá la vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca o no poder pagar el alquiler de su vivienda, y se les facilitarán créditos a interés 0 a pagar en seis años avalados por el Estado que se hará cargo de la deuda si se produce el impago; se establecen ayudas a los pequeños tenedores de pisos que viven de esa renta; las compañías suministradoras no podrán cortar el agua, la luz, el gas ni el teléfono; los autónomos recibirán una ayuda de 661 euros mensuales si su actividad se ha reducido un 75 por ciento o por cierre de actividad… Una batería de medidas excepcionales, tendentes, casi todas, a no dejar en la estacada a los más desfavorecidos de este país que sufrieron en sus carnes la crisis económica del 2008. Pero los patriotas de hojalata y las organizaciones empresariales ponen el grito en el cielo. En Italia, Francia, Alemania, los gobiernos toman semejantes medidas, quizá no tan sociales como las del gobierno de España, y la oposición cierra filas.

Madrid se ha puesto las pilas con la construcción, en un tiempo récord, del hospital de IFEMA capaz de absorber a mil quinientos pacientes que aliviarán la situación de otros hospitales saturados. Cataluña, en donde la pandemia se está cebando más en estos momentos, habilita los recintos de la Feria de Barcelona para descongestionar los hospitales de los enfermos menos graves, pero desaconseja llevar a las UCI a los mayores de 80 años, lo que supone condenarlos a morir en sus casas. ¿Es necesaria esta selección? ¿No hay otras opciones? ¿No es lo urgente salvar a todos, mayores o menores de 80 años? El principal problema de las UCI son los tubos. ¿No se pueden reutilizar tras un proceso severo de esterilización para optimizar recursos, por desgracia, escasos a día de hoy?

Frente a una corriente de solidaridad sencillamente extraordinaria de la ciudadanía dispuesta a ayudarse, sanitarios en primera línea de fuego, policías y ejército en la calle para sumar fuerzas contra este desastre, cabe subrayar el comportamiento sencillamente canallesco del líder de VOX pidiendo un nuevo gobierno, imagino que mediante una asonada militar, y que se juzgue a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Que nos diga ese patriota de pacotilla y lenguaraz qué baterías de medidas tiene su partido para paliar la crisis además de dejar fuera del sistema sanitario español a los más vulnerables, a los que vinieron a bordo de una patera, jugándose el físico, y no tienen absolutamente nada.

La derecha, y ahora la extrema derecha escindida de ella, no suma sino que resta en este país. No es novedoso. Pero no se esperaba uno ese comportamiento profundamente desleal en momentos críticos como este en el que todos estamos embarcados en el mismo barco y hay que remar para llegar a puerto. La patria no es un concepto vacío y rimbombante ni una bandera; la patria somos nosotros, los ciudadanos.