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Legítima defensa

Por Javier Moreno , 16 mayo, 2014

La historia nos ha sorprendido a todos. Una mujer y su hija de excelente familia disparan a sangre fría sobre la presidenta de la diputación de León. Los motivos: estrictamente personales. Un despido, una indemnización, una oposición que se pierde, una ambición política frustrada… Ningún motivo resulta suficiente para acabar con la vida de un semejante, aunque este te amargue la existencia, eso dice el discurso oficial, el superego democrático que todos albergamos dentro. Sin embargo casi nadie se lleva las manos a la cabeza cuando una madre quema al violador de su hija. Incluso hay quienes defienden –o verían con buenos ojos- un indulto para esa especie de madre coraje. Creo que conforme vayan aflorando los datos, el completo martirologio de Montserrat Triana Martínez, aquellos dispuestos a comprender e incluso exculpar su complicidad en el asesinato de Isabel Carrasco irán en aumento.

La sociedad tiende a disculpar en mayor medida aquellos crímenes que tienen que ver con la venganza personal. La víctima conoce al victimario o bien lo busca para ejecutar su particular ojo por ojo. El refranero popular es prolijo en la expresión de este tipo de actitudes. Sin embargo es parco en la expresión de injusticias políticas y en el modo de solventarlas, tal vez porque la sabiduría popular española es poco democrática y más bien contrarrevolucionaria. Se sabe que los sobrecostes pagados por el Ministerio de Fomento en los últimos seis años equiparan los recortes en Educación y Sanidad que Rajoy anunció en abril de 2012. Miles de interinos que han dejado de trabajar, miles de niños que aguardan en aulas atiborradas durante más de quince días a que acuda el sustituto de su profesor, miles de camas cerradas, cientos de quirófanos clausurados… ¿Es que estas medidas no causan dolor a los ciudadanos? Sin duda que sí. La diferencia con los casos anteriores es que no parece haber un responsable de carne y hueso (salvo el inalcanzable presidente de gobierno de turno). ¿Alguien conoce a algún directivo de ADIF? Imagino que la respuesta en la mayoría de los casos será negativa. No, no son nuestros vecinos, sus hijos no van a nuestros colegios, viven (salvo excepciones) en urbanizaciones o chalés de lujo protegidos por cámaras y vigilantes de seguridad.

Desde antiguo el poder ha ideado estrategias para su inaccesibilidad. Las fortalezas, los estrados, los tronos constituyen barreras físicas que mantienen al poder alejado del pueblo al que gobierna con mayor o menor acierto. Ni que decir tiene que en la actualidad dichas estrategias se han refinado hasta consumar el milagro, la fantasía soñada por el poder: la invisibilidad. Cierto que conocemos el rostro y el nombre de nuestros representantes políticos, pero no es menos cierto que el verdadero poder está detentado por una casta económica globalizada y desconocida para el común de los mortales. Hombres y mujeres anónimos que, ante la vieja crisis del capitalismo de producción, inyectan su probóscide en la vena de lo público mientras perpetúan generacionalmente su aislamiento llevando a sus hijos a cenobios privados donde traban amistad y contacto con el resto de retoños de la casta a la que están destinados.

La pregunta, al parecer sin respuesta, es dónde va a parar la rabia y la ira contenida de los miles de personas damnificadas por determinadas políticas y por un sistema económico injusto. Una ira, como ya se ha dicho, sin objetivo definido en la mayoría de los casos. ¿Se disuelve en las manifestaciones más o menos frecuentes que recorren nuestras calles y ocupan nuestras plazas? ¿Acaso se metamorfosea tal ira en las actitudes de muchos ciudadanos que dejan de comprar algunos productos vinculados a multinacionales, o en un puñado de votos que engrosarán el electorado de la izquierda política (el banco de la ira como lo llama cínicamente Sloterdijk)? Y, a mi juicio, la pregunta más acuciante: ¿sirve realmente de algo todo lo anterior? Creo sinceramente que hay mucha gente legítimamente cabreada, llena de rabia, y que el éxito electoral de la izquierda dependerá en buena medida de hasta qué punto sea capaz de identificar a los culpables y articular el castigo (político, judicial y económico) que merecen.