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Un poquito de Educación

Por Fran Vega , 4 diciembre, 2015

En los días en que tiene lugar la campaña electoral para las elecciones generales del 20 de diciembre, resulta desolador que ningún partido político haya elaborado y presentado un proyecto que trate de resolver asuntos enquistados desde hace décadas, como la administración de justicia o la educación.
La educación en nuestro país es un problema tan grave como el desempleo, pero ningún gobierno desde 1975 ha tomado en serio la tarea de estructurar un sistema educativo que atienda las importantes y seculares carencias de educadores y alumnos. El resultado, cuatro décadas después, no puede ser más que desastroso.
Tras la Ley General de Educación (LGE) de Villar Palasí (1970), que introdujo la nefasta Enseñanza General Básica (EGB) y el infame Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), la primera ley educativa de la democracia fue la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), impulsada en 1980 por el ucedista Otero Novas.
Cinco años después, el socialdemócrata José María Maravall fue el encargado de que se aprobara la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que estableció los colegios concertados. Y no fue hasta 1990 cuando otro ministro del PSOE, Javier Solana, desarrolló la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), que introdujo la fracasada Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y otorgó a las comunidades autónomas la potestad de decidir y gestionar buena parte de los contenidos educativos.
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), aprobada en 2002 por el gobierno conservador de Aznar, con Pilar del Castillo como ministra del ramo, no llegó a ser aplicada y en su lugar el gabinete socialdemócrata de Rodríguez Zapatero puso en marcha la Ley Orgánica de Educación (LOE), publicada en 2006.
Pero bastó la llegada al poder del Partido Popular a finales de 2011 para que se redactara la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), presentada por José Ignacio Wert y aprobada en 2013.
Además de los citados, recordemos que desde 1975 han sido titulares del Ministerio de Educación ilustres personajes como Robles Piquer, Mayor Zaragoza, Pérez Rubalcaba, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, Mercedes Cabrera y Ángel Gabilondo, entre otros. Y observemos que cada cambio de tendencia en el gobierno ha conllevado una nueva ley de educación.
Pero si tenemos en cuenta que desde las primeras elecciones democráticas, en 1977, solo ha habido tres partidos en el poder (UCD, PSOE y PP), la situación no puede ser más sorprendente: tres partidos distintos y seis leyes diferentes para un mismo objetivo frustrado.

Escuela de principios del siglo XX (foto de Josep Branguli)

Escuela de principios del siglo XX (foto de Josep Brangulí)

Casi no es necesario repasar el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) para comprobar que el fracaso educativo en España es una constante desde hace décadas debido, entre otras razones, a que cada inquilino de la Moncloa impulsa una nueva reforma y a que cada ministro quiere dejar su huella en las aulas atendiendo exclusivamente a la ideología del partido que gobierna.
Nunca la educación ha sido tratada como un asunto de estado y siempre ha servido para camuflar tendencias y para que sus responsables ejercieran sus ministerios como trampolines en espera de mejores destinos, como muestran los casos de Mayor Zaragoza, Solana, Rubalcaba, Aguirre, Rajoy y Wert, por ejemplo. Mencionar la larga lista de consejeros de los gobiernos autónomos que han introducido modificaciones en muchas ocasiones esperpénticas en sus respectivos territorios sería demasiado largo.

Aprendizaje y escuela (foto de Robert Doisneau)

En estos tiempos de crisis económica y social, en los que desde todos los foros se promueven cambios rotundos dirigidos a modificar nuestro sistema de vida y nuestro modelo productivo —si es que alguna vez hemos tenido alguno que sobrepase los límites del ladrillo y el chiringuito playero—, urge como una necesidad ineludible la transformación profunda y radical de nuestro fracasado sistema de enseñanza, que obviamente no es ajeno a nuestras elevadas tasas de desempleo y que es responsable de buena parte de las carencias profesionales, culturales y éticas de nuestra sociedad, traducidas en un panorama que resulta inútil describir.
Sin embargo, en todos los discursos que hemos escuchado durante la precampaña, y en todos los que quedan por escuchar hasta las elecciones, la educación es tratada como una cuestión tangencial y como parte de una larga lista de reformas que todos los candidatos se comprometen a realizar.
El escenario resultante será que en caso de alcance la Moncloa un partido diferente al que hoy aún gobierna, e incluso si la alcanza el mismo, una nueva ley de educación sobrevendrá y muy probablemente no resolverá lo que desde hace cuarenta años es urgente resolver, si es que se elabora también pensando en el partido y la ideología y no en quienes debieran ser los verdaderos protagonistas de la misma: la comunidad educativa, formada por educadores, educandos y cualquier persona con alguna responsabilidad en este asunto fundamental para nuestro presente y, sobre todo, para nuestro futuro.
Porque mientras la educación no sea abordada por quienes deben hacerlo, y no por políticos y técnicos que bailan al son de su ministro de turno, nuestro destino seguirá estando en manos de quienes promueven un futuro de casino y castañuelas, esa fosa sin fondo que a veces parecen cavar quienes nos gobiernan.