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ADEMÁS DE CATALUÑA

Por Agustín Ramírez , 1 diciembre, 2017

Con todo el bombardeo informativo que hemos tenido por la crisis de Cataluña y que ahora parece que remite un poco ante la convocatoria de elecciones, que ya veremos lo que arreglan pero que parecían indispensables, las noticias de la vida real vuelven al plano de la actualidad, aunque con letra pequeña y en páginas de interior.

Una familia sin recursos económicos por no poder pagar la luz se iluminaba con velas, y por la razón que fuese, una de ellas produjo un incendio que causó la evacuación de una madre, sus tres hijos y el abuelo. La madre grabó la situación en la que vivían: sin electricidad para poder iluminarse, asearse, cocinar o calentarse,  ¿es de recibo que las compañías de luz tengan amparo legal para cortar el suministro en determinadas circunstancias? Será legal, pero inmoral, también.

Según la Comisión Europea: España está a la cabeza de la desigualdad por renta en la Unión Europea. La economía española mejora. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden.. Sin embargo, la Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad. ¿Cómo se pueden decir tantas cosas contradictorias en tan pocas líneas? Esa economía que dicen que mejora y de la que hablan ¿tiene algo que ver con las personas?, creo que no. El número de parados de larga duración, sin protección económica, asciende a más del 60%; la contratación temporal aumenta exponencialmente, los salarios cada vez son más bajos, y el tener trabajo no basta para garantizar que la gente pueda tener una vida digna, ¿es de recibo que la desigualdad en España siga creciendo?. ¡Será legal, pero inmoral, también!

La violencia contra las mujeres sigue incrementándose y, además de otros factores humanos, hay algún factor técnico que llama la atención: las pulseras contra el maltrato han tenido un funcionamiento eficaz cuando se han utilizado; en el año 2009 se compraron 3.000 pulseras con un desembolso de 5 millones de euros, de las que solo se utilizaron 786, en el pico de mayor utilización; pues bien, según la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, cuando éstas se han utilizado: “no hemos tenido que lamentar ningún delito de lesión grave ni de homicidio-asesinato en casos con el dispositivo electrónico impuesto, y por tanto creemos que está funcionando, es eficaz. Además, la sensación de protección de la víctima es mayor. No podremos saber nunca cuántos hechos delictivos graves se han evitado, pero puedo asegurar que han sido muchos”. ¿No es posible trabajar en este campo, junto a otros, para combatir esa lacra? Seguro que sí, pero es un tema que parece no interesar demasiado al poder, porque parece que piensa que esto se arregla con minutos de silencio, aplausos y lazos.

El Partido Popular, en el gobierno, dice respetar las decisiones judiciales pero, que casualidad, cuando las cosas no van por el camino que les interesa aplican los recovecos legales para cambiar a los miembros de los tribunales, tal es el caso del juez que apoyó que Mariano Rajoy testificara en el caso Gürtel, el cual ha sido apartado del tribunal que juzgará el caso de la “caja B” del Partido Popular; en semejante situación está el juez José Ricardo de Prada, compañero del anterior en el citado caso Gürtel. ¡Será legal, pero inmoral, también!

Y otra perla más sobre cómo contrata el Estado: el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, el mayor de España y con capacidad de 910 plazas,  lleva cerrado desde 2012 pero el Gobierno sigue pagando 12.500 euros mensuales a la empresa Albie, S.A. como gasto fijo por comida a los internos. El Gobierno se defiende diciendo que el CIE no está cerrado que está sin usar y la Dirección General de la Policía argumenta que se establece esa cuota fija mensual en los pliegos de licitación del servicio, independiente del número de internos que encierren cada mes, con el objetivo de que el servicio pueda salir rentable a las compañías que optan a su adjudicación. A alguien hay que darle negocio, aunque sea a cambio de nada. Sus condiciones de habitabilidad, según indicaba el documento publicado en 2015, son “por un lado, dos grandes naves con una capacidad para 350 personas cada una, dotadas de un baño y alguna ducha, y, por otro lado, pequeñísimas celdas, pero dotadas de veinte literas cada una. Las celdas son tipo cárcel, no hay iluminación nocturna. Hay rejas tanto en ventanas como en las puertas. Las primeras semanas de internamiento suelen pasarse dentro de la propia celda, saliendo únicamente para el rezo o la cena. El baño es común y exterior y su insalubridad era alarmante». ¿Habrán oído hablar de los Derechos Humanos? Quizás ese día no fueron a clase en la universidad.

En Valencia hay niños que llevan años estudiando en barracones prefabricados porque la Administración, la que fuere, no ha sido capaz de construir un colegio con unas aulas en condiciones y me pregunto ¿tendrá esto que ver con que España es el cuarto país de Europa donde menos escuela pública hay en Secundaria, y el tercero en Primaria?, ¿tendrá esto que ver con lo que informa UGT de que en Madrid entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir este tipo de colegios y que la Iglesia controla 6 de cada 10 de esos colegios concertados? Otra vez más se apoya lo privado en detrimento de lo público.

Sí, en Cataluña España tiene un problema, pero en el resto de España hay demasiadas semejanzas: al igual que los dirigentes catalanes han mentido a sus ciudadanos con promesas imposibles, y demasiados de éstos se las han tragado sin pestañear, en el resto de España hay demasiada gente que sigue tragando y aceptando la quina de la recuperación económica, del deterioro continuado de la educación pública, de la sanidad pública, de las pensiones, de los derechos de los dependientes y tantas y tantas otras.

Mientras tanto llega Navidad y sonreímos y somos, hipócritamente, más felices.

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