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La calle y los adoquines

Por José Luis Muñoz , 19 diciembre, 2022

Un periodista de raza, de esos que están ya en periodo de extinción, como es Ernesto Ekaizer, al que afortunadamente el COVID no se lo llevó por delante, ha sido claro y rotundo al calificar el intento del Tribunal Constitucional de bloquear la actividad parlamentaria y poner palos a las ruedas en la tramitación de la reforma del Código Penal como lo que es: un golpe de estado. En eso coincide bastante con un magistrado progresista, Joaquim Bosch, que califica la insólita deriva del Poder Judicial de este país como “Estado de excepción judicial” en un artículo muy mesurado en ElDiario.es., y con el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín que no tiene pelos en la lengua al calificar simple y llanamente la maniobra torticera del Constitucional como lo que es: anticonstitucional.

Lo que ha sucedido la semana pasada, y puede volver a suceder cuando se discuta la ley en el Senado, ese intento de impedir una votación en el parlamento a respuesta del recurso de amparo promovido por un PP con un Feijóo que parece rehén de Ayuso y VOX, que vienen a ser lo mismo, es de una gravedad sin paliativos en la historia de la joven democracia española y copia experimentos de diversa ralea que han mostrado su efectividad en otros contextos políticos al otro lado del Atlántico. Los tanques ya no son necesarios para tumbar gobiernos legítimos de izquierdas, basta con tener en tus manos el Poder Judicial y el Cuarto Poder, la prensa, además de los fácticos de siempre (las oligarquías financieras), para conseguir los mismos resultados sin el estruendo de los cañonazos y la espesa sangre corriendo hacia las alcantarillas. Los del 36, que siguen, se han modernizado y los tenemos en el parlamento, los cuarteles (no olvidemos ese chat de militares campechanos) y entre las togas.

Desde el minuto uno, el PP, y sus corifeos VOX y Ciudadanos, no han hecho otra cosa que torpedear al gobierno constituido de la nación negándole la legitimidad democrática día tras día con el mismo resultado que la gota malaya o los discursos de Joseph Goebbels: repite hasta la saciedad una falsedad y la convertirás en verdad. Con la totalidad de los medios de comunicación de este país en manos de la derecha y la extrema derecha, salvo unos pocos digitales, y un Poder Judicial con mandato caducado (TC y CGPJ) y en rebeldía constante, que detenta una mayoría conservadora que no se corresponde con la actual composición del parlamento, Pedro Sánchez es un funambulista cruzando las cataratas del Niágara en un día de viento que puede caer en cualquier momento al abismo empujado hasta por algunos de los suyos, como García-Page o Lambán, submarinos de la derecha que bien harían entregando el carné del PSOE, como hizo José Luis Corcuera en su momento, ya que parece que no serán expulsados como Joaquín Leguina, el expresidente socialista de la comunidad de Madrid que hizo campaña por Ayuso. Pero la derecha extrema, como ha dicho con claridad Ernesto Ekaizer, que sólo considera legítimo su gobierno, porque el país para ellos es una finca de su propiedad y no admite que otros la gobiernen, cruza todas las líneas rojas cuando invoca al Tribunal Constitucional, ese sí, claramente ilegítimo, como el CGPJ, para que paralice un trámite parlamentario como es la aprobación de una ley de Reforma del Código Penal. El Tribunal Constitucional, dentro de sus competencias, podrá actuar después sobre esa ley, si considera que no es constitucional, como lo está haciendo con otras muchas aprobadas por el Parlamento (Educación, Eutanasia, Ingreso Mínimo Vital…), pero nunca impedir su tramitación porque oficialmente no la conoce y no sabe en qué términos se aprobará. Así de simple.

El lawfare, el anglicismo que significa guerra judicial y es la utilización abusiva e ilegal de las instancias judiciales para conseguir fines espurios, que inicialmente sirvió para poner en un brete a gobiernos poderosos, como el de Estados Unidos, que se negaba a someterse a ninguna instancia judicial internacional que investigara sus actos ilegales (la primera potencia mundial no reconoce capacidad al TPI para juzgarle pero sí lo invoca para que persiga a Putin), es ahora utilizado por los partidos de derechas y de extrema derecha con resultados óptimos de desgaste del oponente. Si esto dio un buen resultado en Brasil, encarcelando a Lula de Silva, en Bolivia, forzando la renuncia de Evo Morales, en la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Argentina o recientemente en el encarcelamiento del presidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de golpe de estado y condenado a año y medio de prisión, ¿por qué no probarlo en España? Y en eso estamos.

En España tenemos a un juez, García-Castellón, y otros de su misma ralea, al que no se le inhabilita de por vida después de incoar, una y otra vez, instrucciones judiciales contra miembros de Podemos que luego han de ser desestimadas y archivadas por falta de pruebas, pero que reciben un subrayado mediático mayúsculo cuando se abren y minúsculo cuando se cierran, con lo que el ciudadano desinformado, que es el que más abunda, cree que Podemos es una organización de pederastas que devora niños en nombre del poder bolivariano. El PP, VOX, Ciudadanos, el Poder Judicial y el Cuarto Poder, la prensa, hace tiempo que se pusieron de acuerdo para revertir el resultado de las últimas elecciones democráticas de España y forzar un adelanto electoral que, según las encuestas que ellos mismos manejan y cocinan, le sería favorable.

Poder Judicial, con nula legitimidad por estar caducado, y Poder Ejecutivo, completamente legitimado por haber sido votado en las urnas, llevan tiempo enfrentados; lo novedoso es que ahora el primero quiera amordazar al segundo e impedir el normal funcionamiento de las cámaras, es decir, que intente también amordazar al Poder Legislativo, lo que es sencillamente intolerable porque allí reside la soberanía del pueblo español, no en sus rancias togas ni en sus más rancias cabezas, señorías. Eso que quieren perpetrar, y espero no consigan jamás, es lo que se llama un golpe blando, porque los duros, los de antes, los de los tanques, estropean el pavimento y son muy escandalosos.

Llevo años diciendo que el problema más grave que tiene este país es una judicatura anclada en el pasado en donde abundan los miembros conservadores que no son el reflejo de la sociedad porque el sistema de acceso a la carrera judicial supone en sí mismo, por los recursos económicos que han de emplearse, un veto a las clases populares, pero lo que ahora se intenta hacer desde el TC, y no van a conseguir, porque confío en la firmeza del gobierno y en la soberanía de las dos cámaras, no tiene precedentes y debe ser denunciando por todos los medios habidos y por haber.

Siempre nos quedará la calle y los adoquines. No los perdamos de vista: la calle y los adoquines.